
La basura es uno de los elementos más importantes en la generación de contaminación ambiental. Su inadecuado manejo puede ocasionar graves problemas de salud pública, plagas o inundaciones. Por ello, los habitantes de la Ciudad de México debemos actuar de manera consciente y coordinada para el manejo de las más de 13 mil toneladas de desechos que día a día se producen en la capital.
El tratamiento de los residuos sólidos, comunmente conocidos como “basura”, sin duda alguna representa un reto difícil de atender; sobre todo cuando se carece de una cultura del reciclaje y separación de la misma, al igual que de una política clara para determinar el destino de los desechos.
A lo largo de los años, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos se ha resuelto enviándolos a rellenos sanitarios: primero a las barrancas de Santa Fe, que fue clausurado en 1994; luego a Prados de la Montaña, el cual fue clausurado en 1997; a Santa Catarina, que se clausuró en el 2001; y al Bordo Poniente, que fue el último relleno sanitario que se clausuró por parte del gobierno federal en el 2011.
Ante esta realidad de falta de espacio para seguir depositando la basura y de su nulo tratamiento, las políticas públicas ambientales en la CDMX han tenido que modificarse para tratar que esta gran urbe tenga una dinámica sustentable y se asegure la salud y convivencia de los capitalinos.
En principio, se determinó que en la solución de esta problemática debían de involucrarse los ciudadanos, ya que más de la mitad de los desechos son domiciliarios. Por ello, a partir de 2004, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal obligó a todos los habitantes de la CDMX a entregar al camión recolector de basura los residuos separados en orgánicos e inorgánicos. Cumplir con esta obligación no ha sido fácil, sobre todo porque se requiere del compromiso de la población, de la infraestructura adecuada para su recolección y de la difusión efectiva de la nueva disposición para reciclar los desechos.
Por otro lado, existe la apremiante problemática de resolver el tema de la autonomía de gestión para la Ciudad de México, ya que dependemos de otros estados para depositar la basura que se genera en la capital, lo que ha provocado en diversas ocasiones, con razón o sin ella, que las autoridades de algunas entidades han amagado con la negativa a seguir recibiendo los desechos de la capital.
Hoy, nos encontramos a un par de meses (julio) de que entre en vigor la Norma 024, creada en 2013 por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuya entrada ha sido aplazada en dos ocasiones. La importancia de esta nueva disposición radica en que la separación de la basura ya no sólo será en dos fracciones, sino ahora será en cuatro: orgánicos (residuos sólidos biodegrables); plásticos, botellas, papel, cartón (todo lo que se pueda reciclar); inorgánicos reciclables (materia prima para reutilización y reciclaje), inorgánicos no reciclables (residuos difíciles de reciclar), de manejo especial y voluminosos (residuos electrónicos domésticos), así como los inorgánicos pero de aprovechamiento limitado.
Las ventajas de esta nueva forma de separación serán: la maximización del reciclaje de los residuos sólidos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el limitar la degradación de los recursos naturales, la disminución del volumen de residuos sólidos generados por persona, el fomento a la creación de mercados de materiales reciclables y centros de acopio, así como a la producción de composta y, finalmente, la utilización de los residuos para generar energías verdes (inorgánica en termovalorización y la orgánica en biodigestión).
Autoridades y ciudadanos tenemos la responsabilidad de contribuir a prevenir el cambio climático, por lo que la obligación de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar deben ser observados por todos. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa seguirá impulsando medidas legislativas para el bienestar de nuestro entorno, en particular en este tema que urge ser atendido.
Recientemente presentamos la Ley para la retribución por la protección de los servicios ambientales del suelo de conservación del Distrito Federal, ajustándola a la nueva Constitución y la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal. El objetivo de la ley es el establecimiento de políticas públicas que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.
Debemos ser sensibles y conscientes para entender que la suma de todos en estas tareas de separación de residuos sólidos ayudarán a nuestro entorno y a las futuras generación para tener un mejor medio ambiente.
* Coordinador del GPPAN en la ALDF
* Secretario de la Comisión de Gobierno
@JorgeRoHe
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