Pretende legitimar un “capricho” que pone en riesgo el desarrollo de México. Del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo la denominada consulta ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); organizada por la oficina de transición de la Presidencia de la República y coordinada por la Fundación Rosenblueth.

Los participantes debían responder entre dos opciones que se desprendían de la  pregunta: Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?; la primera opción era reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía; y la segunda, continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto y dejar de usar el aeropuerto actual.

Para el ejercicio de consulta, fueron instaladas mil 73 mesas de votación en 538 municipios de las 32 entidades de la República Mexicana; para participar se requería de la credencial de elector, la cual fue recibida y registrada por voluntarios; se estimó un costo de 1.5 millones de pesos, los cuales fueron presuntamente recaudados a través de aportaciones voluntarias de legisladores federales de MORENA, así como aportaciones personales. El resultado, como todos ya sabemos, fue que el 69% de los casí un millón setenta mil votos eligió la opción de Santa Lucía —que dicho sea de paso, no cuenta con un proyecto por lo menos conocido— por lo que se cancela la construcción del NAIM que ya se encuentra iniciada.

En Acción Nacional no estamos en contra de la participación ciudadana, hemos impulsado los instrumentos que la alienten desde hace más de 10 años, para promover una auténtica democracia participativa. Estamos convencidos que para que una democracia funcione correctamente, se requiere de una sociedad libre, participativa y que actúe de manera conjunta con el gobierno, a la vez que lo vigila. Por ello, en el PAN consideramos que deben existir reglas que garanticen la participación democrática de los ciudadanos, desde el ámbito más inmediato que son sus colonias, pasando por sus municipios, interviniendo de esta manera en  las decisiones de un estado o del mismo país.

La llamada consulta NAIM no respetó los preceptos mínimos para consultas: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Fue evidente por ejemplo, que los votos no representaron personas porque pudo votarse más de una vez.  No se contó con un marco legal y no cumplió con lo estipulado en el Artículo 35 de la Constitución que en el Numeral VIII, inciso 1 que define las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, que cuenta además con su Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular, de acuerdo con la cual, siguiendo el debido proceso, corresponde a las cámaras de Diputados, de Senadores o al Presidente de la República y a los ciudadanos, solicitar la consulta popular con apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendría que calificar las preguntas y del Instituto Nacional Electoral al que le tocaría organizar la consulta, desarrollarla, computar los resultados y declararlos.

Estamos a favor de las consultas, pero legales, con sustento y metodología, en donde se manifieste una intención y pueda ser una decisión vinculante; pero para ello hay trabajo legislativo que hacer y Acción Nacional ésta dispuesto hacerlo; en el Senado de la República se ha presentado una iniciativa que impulsa nuevos mecanismos de democracia participativa, propone incorporar las figuras de plebiscito y referéndum en la constitución.

Resulta preocupante que el Presidente Electo, quien tomará posesión el próximo primero de diciembre, tendrá facultades amplias y suficientes que le otorga la Constitución, para poder suspender o cancelar cualquier obra pública en la que esté involucrado el gobierno federal, sin la simulación que realizó en la consulta ciudadana, que es sólo un pretexto para que el presidente electo legitime uno más de sus caprichos: la cancelación de la obra que se está realizando en Texcoco.

Desde la Cámara de Diputados nos sumamos al llamado que hace nuestro dirigente nacional Marcelo Torres Cofiño, “si el Presidente Electo quiere hacer consultas, que le pregunte a los mexicanos cuáles son los temas sobre los que verdaderamente quieren ser escuchados. No tengo ninguna duda de que uno de ellos sería, por ejemplo, la reducción del precio de las gasolinas, cuyos costos comprometen severamente la subsistencia de millones de familias”.

Acompañaremos a Acción Nacional en las acciones legales y políticas para hacer frente a estas prácticas demagógicas y antidemocráticas que atentan contra la economía del país y frenan su desarrollo.

Los diputados de Acción Nacional tenemos el reto de fortalecer al país económicamente ya que más allá de la cancelación de una obra pública muy avanzada y necesaria, existe la certeza de que se va a querer utilizar este tipo de mecanismos falsamente democráticos para justificar decisiones autoritarias durante los próximos seis años.

*Vicecoordinador de la Cámara de Diputados

@JorgeRoHe