Las contrataciones consolidadas son una estrategia para que los entes públicos obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento mediante el aprovechamiento de economías a escala y la reducción de los costos administrativos que implica la realización de varios procedimientos licitatorios, de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

En la campaña, el hoy gobierno federal propuso la concentración de los procesos de contratación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se plasmó en la reforma del 30 de noviembre de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el otorgamiento a la dependencia mencionada de la atribución de “planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas…, así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas; y fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine…”

Simultáneamente, se eliminó significativamente la injerencia normativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la materia y se dispuso que, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de la reforma legal, la SHCP emitiera las disposiciones reglamentarias correspondientes para efectuar la consolidación de las contrataciones públicas.

El elemento fundamental para llevar a cabo la consolidación de las contrataciones es la existencia de bienes o servicios estandarizados disponibles en mercados desarrollados con consumos habituales en los entes públicos identificables a través de un proceso robusto de identificación de necesidades.

El tema ha sido recurrente desde comienzos del siglo. En su versión original del año 2000, en específico el artículo 17, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público facultaba a la Secretaría de Economía a determinar, con opinión de la Contraloría, los bienes y servicios consolidables por las entidades y dependencias para apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. Esto era un paso inicial para identificar el grado de estandarización de los mismos.

La modificación a las leyes de contratación pública en 2009, adicionó a la consolidación la promoción de contratos marco, lo que abrió la posibilidad de que hubiera una estrategia ordenada desde instancias centrales o sectoriales (caso de las medicinas e insumos médicos) de la contratación pública compartida a la que se agregaran dependencias y entidades voluntariamente. La responsable de estos procesos era la Secretaría de la Función Pública.

Los estimados de ahorro por la consolidación varían entre un 15 y 25% dependiendo el bien o servicio y es posible agrupar el 25 % de la compra anual de bienes. Sin embargo, la centralización de los procedimientos licitatorios es una política pública que requiere de un plan de trabajo detallado y un apoyo tecnológico eficiente. La dispersión territorial de los entes públicos gubernamentales y el bajo desarrollo del mercado en algunas regiones añaden una complejidad alta que no se puede resolver sólo con la creación de una unidad de gobierno que sea la responsable de las contrataciones de bienes y servicios.

El CompraNet, que es una herramienta informática a la que acceden más de dos mil servidores públicos para el registro de los resultados sobre los procesos licitatorios y adjudicatorios, es una condición indispensable para llevar a cabo cualquier estrategia de consolidación por lo que debe mejorarse sustancialmente, si lo que se pretende es que la SHCP sea la instancia que centralice la contratación pública.

El legislador, durante el proceso de reforma de la LOAPF, se percató de que las condiciones del mercado nacional e internacional (falta de desarrollo) dificultaba la adopción de una política total de consolidación y consideró que la nueva autoridad responsable de la materia emitiera la reglamentación correspondiente que pudiera establecer un programa por tipo de servicio y bien para avanzar paulatinamente en esta estrategia.

Los antecedentes inmediatos son los contratos marcos, celebrados en forma descentralizada pero supervisados por la SFP, en diversas materias: software, ropa de trabajo, vales despensa, arrendamientos de vehículos terrestres, mantenimiento vehicular, organización integral de eventos, entre otros. También las compras consolidadas de medicamentos, que posiblemente ahora sean realizadas por la SHCP, con la participación del sector salud. Ya hay experiencia en la materia y registro de consumos habituales y desarrollo real de los mercados a los que pueden acceder los entes públicos.

Lo esperable es que la estrategia de consolidación sea gradual y se lleve a cabo tomando en cuenta que el gobierno no puede paralizarse, ni debe fomentarse la concentración o colusión de proveedores que afectaría la competencia en perjuicio en el mediano y largo plazos de los intereses del Estado, que no obtendría por prácticas oligopólicas o monopólicas las mejores condiciones de contratación. La centralización ayuda a conducir los procesos, pero el exceso de la misma los ahoga y retrasa la disponibilidad de los bienes y servicios. Hay que recordar que el más caro de estos es el que no se tiene cuando se necesita para atender el interés público.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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