Citlalli, la niña de nueve años de origen mazahua y con Síndrome de Down, ganó una batalla legal para todos los menores del país que sean indígenas y que enfrenten una doble condición que los haga víctimas de discriminación y de sufrir bullying, como le ocurrió a ella al no tener garantizado el acceso a la educación en el Estado de México.

Hace casi tres años, los padres de Citlalli presentaron una demanda de amparo contra diversas autoridades por incumplir con sus obligaciones para facilitarle el derecho a la menor a recibir una educación inclusiva.

Por discriminación, la niña mazahua y sus progenitores vivieron una pesadilla y han tenido que peregrinar para buscar una solución y encontrarse con una situación en la que enfrentaron el rezago judicial que impedía una pronta solución a su caso.

Fue un juzgado mexiquense el que abrió el camino para que ­Citlalli cursara la primaria. Hoy va en cuarto grado. Este caso, que llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de sus cuatro ministros, que el Estado está obligado a proveer las condiciones necesarias para que la niña mazahua con Síndrome de Down reciba una educación inclusiva.

La decisión del máximo tribunal del país sienta un precedente en la garantía del derecho a la educación inclusiva de todas las niñas, niños y jóvenes en México, derecho ya reconocido desde el artículo 3º constitucional y reformado en mayo de este año.

“Esta sentencia tendrá un impacto en dos vías: la primera es que Citlalli podrá ejercer su derecho a estar, aprender y participar en la escuela sin ser discriminada, con todos los apoyos y ajustes razonables necesarios. Será obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la autoridad educativa local cumplir con lo ordenado en la resolución, es decir, hacer que el sistema se adapte a Citlalli, y no ella y su familia al sistema”, de acuerdo con la firma de Abogados Aguinaco, que hizo el acompañamiento de la demanda interpuesta por la familia mazahua.

En entrevista con Crónica, Sandra Creixell, directora de Estudios Jurídicos de la organización Mexicanos Primero, aclara que la sentencia surtirá efecto aproximadamente en un mes, cuando la Corte publique su resolución. En tanto, continúa vigente la suspensión del juez del Estado de México.

“Lo que tenemos que ver los abogados que acompañamos el caso de la familia mazahua es que las autoridades escolares realicen adecuaciones a su sistema de enseñanza para que el derecho a la educación inclusiva de Citlalli esté garantizado”, señala.

Creixell advierte que la escuela a la que acude la menor de nueve años debe cumplir con la reparación de rampas, el mantenimiento y tapado de baches e implementar programas acordes para la atención de Citlalli. “Si las autoridades educativas incumplen con lo estipulado, entonces sí habrá sanciones, porque son disposiciones de la Corte”.

Los abogados subrayan también que la sentencia de la Corte tendrá un impacto en todo el sistema educativo, pues ocurre semanas antes de que el Ejecutivo Federal presente la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, cuyo plazo vence el próximo 11 de noviembre, como quedó establecido en los transitorios a las reformas de los artículos Tercero, 31 y 73 constitucionales.

“Esta estrategia deberá tomar en cuenta este referente y proponer políticas públicas que cambien la forma de ver la inclusión, como un tema transversal que implica no ajustes o parches, sino una verdadera transformación del sistema educativo. Se requiere dar un paso sólido en las oportunidades de desarrollo desde la primera infancia, en la formación docente, en el currículum, en los materiales educativos e infraestructura, en el sistema de asesoría y acompañamiento, en la información que se recopila y proporciona a los agentes de cambio en la sensibilización de las comunidades escolares, y en la orientación de los recursos”, señalaron tras concluir la sesión pública de los ministros.