En la capital de un país europeo existe una plaza, en la que cierta equina es usada como tribuna pública. Ahí, cualquiera puede hacer uso de la palabra para exponer sus ideas, sin que importe si son cuerdas y bien dichas, o si son elucubraciones de un caletre necesitado de ajustes. Se pueden expresar opiniones lo mismo de la Casa Real que de los políticos del momento, y se observa un riguroso respeto por las opiniones por parte de las autoridades, lo que no evita diálogos o debates ríspidos con el público.

La costumbre de reservar un lugar concreto para la discusión política refleja que la democracia nación hablando y se hace de la misma manera. La democracia es, antes que nada, un acto de comunicación.

Por tanto, debate y democracia, esto es, cierto tipo de toma de decisiones en las que participa ya sea el pueblo o la ciudadanía, no es que vayan de la mano, es que el primero es la expresión visible de la segunda, antes de que se materialice en el voto.

Informar no es lo mismo que opinar. De la información se predica la verdad, de la opinión sólo la preferencia; por ejemplo, si alguien afirma que “ha aterrizado un ovni en Zacatlán”, se le puede exigir las pruebas necesarias para verificar que el hecho en efecto haya sucedido, ya que la verdad es una correspondencia entre lo dicho y la realidad; por su parte, si otra persona dice que “Mario Carrillo es el mejor entrenador del futbol mexicano”, está expresando una preferencia basada en aspectos puramente personales.

Además, la comunicación está cruzada por otros dos elementos: quien la realiza y el medio en el cual se presenta. Respecto del primero, piensa por ejemplo en una cuenta en redes sociales, donde una persona se identifica como “Especialista en Epidemiología”, con el efecto de que sus informaciones y opiniones sobre tal materia vayan acompañadas del peso del conocimiento experto. En cuanto al medio, basta pensar con que el impacto del mensaje no es el mismo si se emite en una plática de café (virtual en esta pandemia), en una red social o en la televisión abierta.

La realidad es que es difícil distinguir entre información y opinión. Muchas veces la segunda se disfraza de la primera, y así frente a casos concretos nos queda la duda de cuál de las dos se trata. Otras la información puede ser presentada con tal habilidad que se convierta, a la vez, en opinión, como cuando un conductor o una conductora de televisión levanta una ceja al leer una nota al aire.

Hoy es en las redes donde se mezclan informaciones y opiniones, voces autorizadas, algunas cuerdas, otras interesadas y unas más francamente incomprensibles.

En esta democracia encerrada que vivimos, la política se hace en las redes sociales, a grado tal que no estar en ellas casi significa no participar en la vida pública. Por eso las recientes suspensiones o bloqueos de cuentas son un tema que debe interesarnos a todos, a todas.

Podemos centrar la discusión en tres niveles: el primero, basado en la persona cuya cuenta fue bloqueada o suspendida; el segundo, respecto de lo que puede o no tolerarse en las redes; el tercero, acerca de quién debe realizar esos bloqueos y si debe admitir revisión.

Me ocuparé solamente del tercer nivel, los otros dos ya han sido abordados de una forma exhaustiva en columnas, tweets y opiniones en los medios; con la profundidad y conocimiento que tu juzgarás mejor que yo.

Quién realiza los bloqueos o prohibiciones me parece un tema relevante por lo siguiente: si, como he afirmado, estar en redes es participar en el foro público, en la discusión democrática, entonces resulta de intereses para todas las personas el control de dichas redes.

Hay dos formas de abordar esto: la primera consiste en afirmar que las principales redes sociales son creadas, gestionadas y administradas por empresas, que tienen una finalidad esencialmente mercantil, y que por lo mismo cuidan sus intereses de manera que no se afecte la posibilidad de obtener una ganancia. Así, cuando creamos una cuenta, aceptamos los términos y condiciones, sujetándonos a los castigos que se nos pueda imponer por un mal uso de la misma.

La segunda manera implica reconocer que la esquina de esa plaza de la que hablé en un principio ahora está en cualquier teléfono o computadora en la que interactuamos en redes sociales; en aceptar que, si bien la realidad va más allá de la virtualidad, en estas épocas de encierro cada vez más lo político es lo que sucede en el Internet, y que por tanto quien controla las redes decide lo que puede discutirse y lo que no. Asumir, entonces, que el debate público no puede ser moderado (o no del todo) por aquellas personas que tienen por primer objetivo el ganar dinero.

En esta segunda posibilidad, que es en la que yo creo, debe aceptarse que la decisión de expulsar un mensaje o a una persona de la plaza pública virtual, debe ser un acto que pueda ser revisado por los Estados, concretamente por los tribunales. De otra manera, estaremos cediendo el control de la discusión, y por tanto, de la democracia, a empresas privadas.

¿Es mejor que la última palabra la tengan la judicatura en lugar de los dueños de las redes sociales? Si, porque la primera opera en base al interés general y con base en procedimientos contenciosos en los que las partes deban probar la bondad de sus argumentos así como la realidad de sus afirmaciones, mientras que los segundos siempre estarán cruzados por el interés mercantil, desde luego lícito, pero no necesariamente democrático.