Hace un año, el Congreso aprobaba por fin modificaciones legales para dar paso a la Guardia Nacional. La oposición de organizaciones contra mantener a los militares en las calles, decenas de foros para escuchar centenares de posturas y la esperanza para que ésa, la estrategia estrella del gobierno de López Obrador redujera la inseguridad, castigara a los criminales y atendiera con nuevas forma y bríos a los cárteles, rodearon la polémica base legal que daría paso a una corporación que, a la fecha, genera auténtica lástima y opera más ficción que resultados.

Y no es ofensa, sino mera empatía. Apenas este viernes, dos elementos con más de 10 años de antigüedad en la Policía Federal —corporación que en la teoría ya no existe porque fue absorbida por la Guardia Nacional, pero en los hechos sigue operando con las mismas unidades, con los anteriores uniformes, pero con nuevos y menores sueldos, menores garantías y nuevos jefes militares— aparecieron asesinados y descuartizados al lado de su patrulla calcinada en la autopista México-Orizaba en territorio poblano.

Ahí, según los muchos testimonios de traileros, pasajeros, conductores, vendedores, locatarios y de las propias autoridades policiacas, se ha agudizado la batalla contra asaltantes de transporte pesado, secuestradores de turistas y paseantes y locatarios amenazados para pagar derecho de piso. Pero la declaratoria de ataque de la GN no fue acompañada por ninguna estrategia, ningún reforzamiento, más armamento, unidades, personal o algo, sólo fue un simbolismo publicitario que dejó absolutamente desamparados a los elementos policiacos y ahora también a los ciudadanos.

Las imágenes que circularon por las redes no dejan nada a la imaginación, crean asco y terror, los criminales les cortaron las cabezas, fragmentaron los cuerpos aún humeantes, se tomaron el tiempo de colocar en los muñones el logo de la GN, en el dorso sin brazos la fornitura y con la propia sangre de las víctimas, peinar las cabezas desprendidas. La imagen y la descripción es deleznable, pero sólo así se tiene una idea del tamaño de ofensa, de provocación, de ignominia contra la GN.

Ni de lejos era eso lo que se soñaba hace un año, cuando se modificaron los artículos 10,16, 21,31, 35, 36, 73,76, 78 y 89 de la Constitución con el objetivo de dar cabida a la Guardia Nacional como la institución responsable de las tareas de seguridad pública en el país.

No era eso lo que pensaban los legisladores cuando pese a las diferencias políticas y sensibilidades electorales, daban paso al interés general por la seguridad y otorgaban toda la confianza en este tema al presidente López Obrador, con una aprobación histórica en el Legislativo al alcanzar en el Senado 127 votos a favor de 128 legisladores; en la Cámara de Diputados con 463 votos a favor, uno en contra y 36 inasistencias de un total de 500 diputados, y en los 32 congresos locales con 985 votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones y 121 inasistencias, de un total de mil 113 legisladores.

Ése era el nivel de urgencia que tenía la seguridad pública en el país. Se aprobaron así, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley General de Registro de Detenciones. La primera, un simple copy-paste alimón de los reglamentos del Ejército y de la Policía Federal, que sigue sin aplicarse. Las quejas contra comandantes de la Guardia Nacional se acumulan y el reciente anuncio del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en extremo autoritario, sobre la expulsión de todos aquellos que hubieran colaborado con el antihéroe favorito de este gobierno, Genaro García Luna. Así.

La segunda, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, un año después ha resultado una verdadera burla, una camisa de fuerza contra los propios policías, soldados convertidos a malos policías y a pésimos vigilantes de las fronteras como elementos migratorios. La cantidad de entrenamientos y cursos que las fuerzas armadas habían recibido en años anteriores sobre este tema resultaban mucho más claros en cuanto a la protección de los derechos humanos. A diferencia, lo que hoy se tiene son elementos boquibajeados, ofendidos, actos ignominiosos en su contra, indignación, humillación y deshonor, en nombre de esta mal traducida ley.

Tan sólo en el primer mes del 2020, la GN sufrió el asesinato de cinco elementos, una tercera parte de las 16 bajas del 2019 conforme a los registros de la organización “Causa en Común” que preside María Elena Moreira. Los ataques han transitado desde los huevazos, pedradas, mentadas, palazos, patadas, coscorronazos, arrancarles el uniforme, jalonearlos de las fornituras hasta arrebatarles las armas, retenerlos, secuestrarlos, asesinarlos, calcinarlos y destazarlos. La orden, sin embargo, sigue siendo abrazos, no balazos.

Y la tercera, un Registro Nacional de Detenidos —que en verdad causó entre legisladores el consumo de litros y litros de café— sigue sin ponerse en operación integral dentro del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad, siguen sin entender de qué se trata. Para muestra un botón: apenas ayer se realizaba en la Paz, Baja California Sur, la primera reunión de capacitación a policías estatales en materia de Registro.

Un año después de ser votadas las leyes que le dieron origen en un acto ejemplar de confianza legislativa y de certidumbre ciudadana, lo que tiene la Guardia Nacional es un desperdicio de apoyo político y social y peor cuando se confirma que buena parte de los recursos de las propias fuerzas armadas ha sido desplazada a esta corporación que no da resultados, que ha desmantelado a la Policía Federal que sí daba resultados y que ha erogado presupuestos destinados para otras razones sociales.

La GN no puede siquiera unificar los uniformes, aún no puede resolver la correcta disolución de la Policía federal y la condición laboral de sus exempleados, aún no tiene planes y el organigrama sigue cambiando. Las unidades pasan de plaza en plaza con equipo, pero sin residencias o habitaciones, no hay claridad en la colaboración con los gobiernos de los estados y toda su vida depende de la aprobación o no de mandos del Ejército Mexicano.

Así transcurre el primero de los cinco años que se le dieron a la Guardia Nacional para tener soldados en las calles y que inevitablemente refleja un fracaso que llevará al Presidente a pedir otra vez ampliación de plazo para atender una de las más sentidas exigencias de la sociedad: combatir la inseguridad que, a la fecha, se acerca a los 40 mil con la escalada más alta que nunca se haya visto en México.

Doloroso.

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