El país cuenta, desde finales de la semana pasada, con un nuevo tipo de policía militarizada. Luego de una prolongada discusión que en el Senado se resolvió de manera más o menos sensata, pues se incorporaron en el último momento algunas de las recomendaciones hechas desde la academia, las organizaciones civiles, los medios de comunicación y otros espacios, al proyecto del gobierno federal.

Al redactar estas líneas, todavía queda pendiente saber qué pasará en la Cámara de Diputados, donde los acuerdos no son claros y qué pasará en las legislaturas de los estados, pues se requiere que al menos 17 lo aprueben. También queda pendiente la ley secundaria que determinará las condiciones en las que la Guardia Nacional operará. Algo positivo es que, en las últimas semanas, en el marco del combate al robo de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos, el Ejército mexicano ha tenido un desempeño notablemente menos letal que en operaciones similares realizadas en años previos. Sin embargo, no hay garantías de que las cosas serán así siempre de aquí en adelante.

Que ya tengamos Guardia Nacional no resuelve—sin embargo—el problema de fondo de la seguridad pública en el país. En el caso del Estado de México, por ejemplo, el epicentro de la más terrible crisis de feminicidios en la historia del país, ese tipo de crímenes ocurren en condiciones en las que la intervención de las tropas de la Guardia Nacional se antoja poco probable y poco rentable.

No es mala fe contra las Fuerzas Armadas, es que ya hay la experiencia de lo ocurrido con las Bases de Operaciones Mixtas en municipios como Ecatepec de Morelos, que lejos de ofrecer alguna mejora en materia de seguridad pública y, de manera más específica, en lo que hace a los feminicidios, han sido testigos del descenso a una situación de violencia nunca antes vista ni en ese municipio ni en el resto del país.

Luego está el delicado problema de que la reforma que crea la Guardia Nacional ocurre al mismo tiempo que se ha decidido regresar a la prisión preventiva como mal remedio a los problemas de la procuración y administración de justicia. Lo que resultará de ello será una mayor sobrepoblación en los penales. Ello es así, porque en los proyectos que impulsa el actual gobierno federal no se habla de ampliaciones en las cárceles. Permanece, además, el riesgo de que —por ejemplo— el que la corrupción se castigue con prisión preventiva sea utilizado como un mecanismo para castigar a los críticos.

Tanto en lo que hace a la Guardia Nacional como en lo que toca a la prisión preventiva, los diagnósticos del gobierno federal están equivocados. En lo que toca a la Guardia Nacional hubo alguna disposición a escuchar en el Senado, pero en materia de prisión preventiva no la hubo. Se le apuesta a mantener grandes poblaciones carcelarias como prueba de que sí se actúa contra el crimen.

Las posiciones que defiende el gobierno en ambos temas cuentan con un amplio respaldo popular. Las más recientes encuestas dicen que más del 75 por ciento está a favor de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. La pertinencia de las políticas, sin embargo, no depende de la popularidad de quien las impulsa.

Por el bien del país, ojalá que las tropas de Sedena y Semar que pasen a formar parte de la Guardia Nacional, moderen su conducta. Ojalá que no haya masacres como la de ­Tlatlaya, en la que el papel de las Fuerzas Armadas ha sido ya documentado, de otro modo, la espiral de violencia seguirá asfixiándonos.

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