Los hechos suscitados en La Huacana, Michoacán, contra jóvenes soldados que sin poner resistencia fueron jaloneados, retenidos, vejados y desarmados por habitantes afines a delincuentes, agravado por la decisión de regresar las armas decomisadas a criminales y ceder a negociar con la mafia —lo que el Presidente prometió que nunca sucedería— abrió una herida que ha empezado a cambiar la relación de confianza entre las Fuerzas Armadas y López Obrador.

La marca ha sido tan profunda que posterior a esos hechos, se ha registrado una protesta en las filas, nuevos intentos de delincuentes de someter a soldados, esfuerzos reiterados del mando por revertir el alto costo de los errores cometidos y también, afortunadamente, una muy contundente muestra de afecto y solidaridad para los militares mexicanos que resultan verdaderas “víctimas de los derechos humanos”, de la nueva política de austeridad y del desorden en la política de seguridad pública.

Sin embargo, junto a las muestras de cariño popular a las Fuerzas Armadas, se han repetido los abusos. En la comunidad de Ulapa en el municipio de Tetepango, Hidalgo, habitantes también trataron de impedir que elementos del Ejército aseguraran camionetas y bidones con combustible obtenidos de los ductos de Pemex. ¿Por qué no?, si funcionó la negociación en Michoacán.

En Hidalgo, en cambio, los soldados tuvieron que amenazar con disparar al aire y emplear los fusiles como toletes para hacer retroceder a la multitud.

La debilidad de los soldados en La Huacana, fue aprovechada hasta por el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde que —dicen—ya traza un plan de combate a la autoridad para lanzarse a la candidatura del gobierno del Estado.

La Confederación Nacional de Militares y Profesionistas General Marcelino García Barragán A.C., en carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, le expuso su molestia por la forma en que se exhibió a “una unidad del Ejército Mexicano desarmada, humillada, aplastada en su decoro y dignidad de soldados, ante los ojos del Pueblo mexicano y la comunidad Internacional” y le advierte se opondrán a más abusos del mando civil.

El enojo de las filas militares con el gobierno de AMLO no es para menos.

Lo sucedido en La Huacana, como lo de la Sierra Gorda en Querétaro con la muerte de ocho marinos a bordo de un helicóptero que sofocaba incendios y se desplomó, sólo tiene un responsable y en línea vertical: el mando. Es la regla, la cultura y filosofía militar.

La preocupación por las consecuencias que los hechos han provocado al interior es tal, que la presión ha obligado a reunir a los soldados ofendidos en varias ocasiones con su mando y con el presiente López Obrador.

Sin embargo, el mensaje de valentía, la felicitación por dejarse desarmar sin resistirse, hacerles un reconocimiento por “no disparar contra la población” resulta mucho más indignante para la milicia viniendo de su propio comandante que los propios hechos de los que fueron víctimas.

Desconoce el presidente López Obrador la madera de la que están hechos nuestros soldados y la extensa capacitación que han recibido durante los últimos 15 años en materia de derechos humanos.

Sin duda, lo sucedido en La Huacana es producto del desorden en la política de seguridad pública, cuya Guardia Nacional no termina de operar y que mantiene a los militares como soldados, policías, choferes de pipas, constructores de aeropuertos, custodios de ductos petroleros, entrevistadores de programas sociales y de pronto aliados de la población civil en casos de desastres.