Opinión


La Junta de Gobierno garante de la institucionalidad

La Junta de Gobierno garante de la institucionalidad | La Crónica de Hoy

*Carlos Martínez Assad

 

Cada cuatro años se vive el proceso de designación del rector de la UNAM. Por lo general esa coyuntura es marcada por una discusión entre universitarios que incluye a los académicos, a los estudiantes, a los trabajadores y a las autoridades. Por ello es importante hacer un recorrido sobre cómo, luego de establecida la autonomía, fue institucionalizado el procedimiento para hacerla aplicable a través de la Ley Orgánica que se decretó en 1945.

Alfonso Caso y los miembros del Consejo Universitario, Manuel Sandoval Vallarta, Francisco Calderón Caso y Antonio Carrillo Flores, visitaron al presidente Ávila Camacho el 20 de diciembre de 1944 para entregarle el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El mandatario anunció que lo enviaría de inmediato al Congreso para su estudio. Se mencionó que los mayores aciertos de la ley eran el de denominarse una corporación pública y la formación de la Junta de Gobierno como organización autónoma. Fueron también puntos centrales de la nueva ley, la libertad de cátedra y los derechos e integración de los estudiantes en los asuntos técnicos de la Universidad, sin que ésta se viera afectada por las cuestiones políticas del exterior.

El proyecto llegó a la Cámara de Diputados el 21 de diciembre a través del secretario de gobernación Miguel Alemán, quien afirmó que los esfuerzos del gobierno han sido por el fortalecimiento de la educación en general y en particular por la educación primaria. “La Revolución Mexicana se ha esforzado conscientemente por aprovechar este eslabonamiento de las actividades educativas. Y, dentro del límite de los recursos de que ha dispuesto, se ha empeñado durante años por enaltecer el nivel de la educación superior y de la investigación científica, instalando en el seno de la Secretaría respectiva una Dirección General dedicada a fomentarlas, otorgando subsidios —cada año más importantes— a universidades de la capital y de los Estados (…).”

Se insistió de nuevo entre los diputados y senadores que la Universidad aspiraba a ser autónoma y en cuanto a la designación de Nacional en el nombre de la Universidad, el presidente aclaró que “implica una voluntad de servicio patrio, sin distinción de sectas, de credos, de partidos o facciones.” Y recalcó su esperanza en que el acomodo a las conveniencias particulares, de grupos o individuos no se sobrepongan a las altas finalidades docentes de la institución.

El dictamen de la primera lectura se realizó el 26 del mismo mes. El proyecto fue recibido y estudiado por la 2ª Comisión de Educación Pública, la cual estaba conformada por Efraín Brito Rosado, Marino Castillo Nájera y Ramón Mata y Rodríguez. Tras la lectura del dictamen de la comisión y el proyecto de ley, comenzó el debate en la cámara; Efraín Brito constató que el presidente y los legisladores simpatizaban con todas las instituciones culturales y se buscaba siempre su mejoramiento; es decir, el presidente se colocaba como la autoridad para alcanzar el bienestar de las instituciones culturales y de la nación en general.

El segundo punto fue el de la autonomía, la cual no sería afectada por el proyecto discutido. Para todos los países de primer mundo, el que sus universidades tengan su autonomía y su propio subsidio son elementos indispensables para su desarrollo, algo que las leyes anteriores no habían considerado mientras sí lo hacía la que se debatía. Se señaló de manera recurrente durante el discurso, que la ley fue debatida y creada dentro de la propia Universidad a través del Consejo Universitario, lo cual era garantía de legítimidad para los universitarios, y no era el resultado de una imposición por parte del gobierno como señalaron algunas críticas publicadas por la prensa.

El diputado Brito señaló en particular a los estudiantes como los más críticos de la ley que se discutía, sin darse cuenta que ésta daba a la Universidad la propia libertad de tomar sus decisiones, Así como el de suprimir o crear escuelas, sin supeditarse a las decisiones de gobierno. El diputado continuó citando de manera textual algunas objeciones de las organizaciones estudiantiles a la ley, como la supeditación del programa de bachillerato de la Universidad al programa de la escuela secundaria a la SEP; la centralización de todos los poderes políticos de la Universidad en la Junta de Gobierno y que la representación de estudiantes en las cuestiones técnicas no era apropiada porque ellos mismos se consideraban incapacitados para resolver esos problemas.

En lo que se refiere a la supuesta supeditación del bachillerato de la UNAM a los programas de la SEP, el diputado comentó que además de ser inexacto, la ley permitiría que los estudiantes pudieran dejar un tipo de escuela por otro y revalidar sus estudios sin mayores obstáculos. Entre lo más importante fue el argumento estudiantil de que la Junta de Gobierno tenía un perfil dictatorial, pero el diputado Brito matizó y, en su calidad de egresado de la Universidad, pidió realizar un ejercicio de autocrítica y observar los problemas de poder que había en la institución con las leyes orgánicas previas. En la nueva ley, la Junta de Gobierno que se propuso sería la única capacitada para nombrar al rector y a los directores de escuelas y facultades, y estaría integrada por los universitarios que conocen la institución, sin ninguna intervención del gobierno.

Para la objeción de que los estudiantes no se consideran capacitados para las cuestiones técnicas, el diputado les reprochó de la siguiente manera: “…en mi época los estudiantes sí estábamos capacitados para resolver asuntos de orden técnico y que en infinidad de ocasiones los resolvimos. Si hay deficiencias e impreparación o de cultura en los actuales estudiantes es exclusivamente culpa de ellos y lo que deben de (sic) hacer  no es objetar la ley, sino superar su preparación, para que estén en aptitud de intervenir en esas discusiones y puedan resolver detalles técnicos con capacidad y altura.”

Por último, el diputado recordó dos instituciones fundadas por la administración de Ávila Camacho: la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica y El Colegio Nacional, así como la campaña de alfabetización que se lanzó, como ejemplos de las sinceras preocupaciones culturales y educativas del presente gobierno. Esto lo hizo a manera de presentar pruebas que demuestran su carácter y que sean razones para confiar en él.

El segundo orador fue el diputado por Campeche, Pedro Guerrero Martínez, quien nuevamente hizo hincapié en que la nueva ley otorgaba también los títulos de “nacional” y de “autónoma”. El diputado se refirió a los tres puntos importantes de la nueva ley, los cuales son explicados de manera breve: la definición del carácter nacional de la Universidad, el propósito que se tiene de hacer de la Máxima Casa de Estudios una verdadera comunidad de cultura, y la distribución de facultades entre los diversos órganos de autoridad que deberán constituir el régimen interno de la Universidad.

Remarcó que el título de nacional en el nombre es porque “la Universidad ha sido, es y tendrá que continuar siendo en el futuro, nacional por excelencia. Es nacional por su historia y tradición; es nacional por su constitución orgánica misma, y es nacional también, por la naturaleza de su función.” Cabe señalar que este diputado comparó por primera vez el proyecto de ley que se presentaba con las leyes anteriores provenientes de 1929 y 1933, las cuales advertían que la autonomía que otorgaban a la universidad se encontraba limitada y supeditada al gobierno. Había “advertencias” acerca de los peligros de dicha autonomía y, en la nueva ley, hay palabras de aliento para que ésta se consolide en la institución.

El tercer y último orador fue el diputado Andrés Serra Rojas, quien dio una extensa exposición. Declaró que, nuevamente, la universidad es un asunto nacional porque no se suscribe ni a “lo capitalino, ni se circunscribe a los límites del Distrito Federal; es un problema de México, un profundo problema nacional que afecta no sólo a nuestra generación, sino a todas las generaciones que sienten la enorme responsabilidad del futuro social”.

En su recorrido llegó a la conclusión de que la Universidad había sido y será cambiante conforme se vayan moviendo las circunstancias en las que se encuentra. En palabras del diputado: “La universidad […] posee un espíritu inmortal que sobrevive a la lucha de los partidos, a las transformaciones políticas y las naciones, y representa una tendencia y una necesidad que, por manifestarse y hacerse sentir en todos los tiempos y lugares, merecen calificarse de sociológicas y humanas. Las universidades evolucionan, se adaptan a los caracteres de las diversas épocas, sufren transformaciones que las orientan hacia las corrientes del progreso, y como la magistratura, la legislación, las letras y la ciencia, representan algo tan duradero como la cultura humana, algo que debe transformarse mas no hacerse desaparecer.”

 Finalmente, el diputado Serra llegó a los puntos principales de la ley en debate. La primera conclusión fue que las tareas educativas enlazaran a todo el proyecto, “existe un sincero anhelo de ahondar a la vez todos los cauces de la cultura, siendo la depuración del conocimiento científico la base del progreso de nuestro pueblo”, que la “Revolución Mexicana” se encuentra en la tarea de enaltecer el nivel de la educación superior y que el proceso histórico determina que el Estado no alterará la autonomía de la Universidad que con ahínco han buscado profesores y alumnos. Además “la universidad aspira a continuar siendo autónoma y a que se le considere como una corporación pública, órgano descentralizado del Estado” y que el calificativo de nacional será “una ejecutoria y un compromiso”.

Por lo tanto la ley tiene cuatro puntos centrales: 1. La universidad es una institución descentralizada, cuyo estatus alcanzó con la ley de 1933 y conservará; 2. Será completamente autónoma para organizarse como lo estime mejor; 3. Tendrá “el derecho para impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones con absoluta libertad”, y 4. Las autoridades de la Universidad serán, de orden de mayor a menor, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato Universitario, los directores de las escuelas, facultades e institutos, y los consejos Técnicos. Con las discusiones que tuvieron lugar en las cámaras de diputados y senadores, se llegó a proclamar la Ley Orgánica, en la que se integraban las ideas síntesis de los idearios más encontrados, procesados por los intelectuales que configuraron el destino de la nación mexicana.

Los quince integrantes de la primera Junta de Gobierno que funcionó en 1945, una vez proclama la Ley Orgánica, fueron: Alfonso Reyes, Manuel Sandoval Vallarta, Federico Ernesto Mariscal, Gabino Fragua Magaña, Manuel Gómez Morín, Antonio Martínez Báez, Fernado Ocaranza Martínez, Jesús Silva Herzog, Alfonso Caso, Mario de la Cueva, Abraham Ayala González, Mariano Hernández Barrenechea, Ricardo Caturegli, Alejandro Quijano, José Torres Torija Solórzano.

 

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Nota: Este artículo se fundamenta en el libro de Carlos Martínez Assad y Alicia Ziccardi (coordinadores) El Barrio Universitario y el proceso de instucionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, UNAM, 2018.

 

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