Opinión


La nociva reducción de las denuncias de robo, secuestro y extorsión

La nociva reducción de las denuncias de robo, secuestro y extorsión | La Crónica de Hoy

Se ha hecho un hábito en las autoridades de procuración de justicia (y ahora en la mañanera también se usa) presumir de que ha disminuido la incidencia de delitos como robo, secuestro y extorsión.

Lamentablemente eso es una mala noticia que demuestra hasta dónde la poca seriedad en el manejo de datos duros se ha consolidado en nuestras autoridades. Me explico: los datos que cada día arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública se generan a partir del número de denuncias que se presentan ante el Ministerio Público (MP).

En todas las mediciones serias sobre el número de delitos que verdaderamente se cometen en el país (se denuncien o no ante autoridad competente), el resultado indica que las denuncias en delitos como el robo equivalen al 10 por ciento o menos de los que realmente se cometieron. Es decir, nueve de cada 10 víctimas de robo decidieron que presentarse ante un MP y denunciar lo robado no valía la pena, o bien por el monto del robo o por (a pesar del valor perdido) el gasto de tiempo y las pocas posibilidades de que las autoridades castigaran al responsable.

En un escenario como éste, lo deseable es que el número de denuncias aumente, es decir, que cada vez haya menos ciudadanos que prefieran no denunciar.

El caso del delito de robo es particularmente difícil de llevar a porcentajes muy altos de denuncia. Finalmente, si lo robado es poco, la víctima tenderá a buscar mecanismos alternos para evitar que le vuelva a pasar antes que echar a andar la maquinaria de procuración de justicia.

Pero veamos hasta dónde es espeluznante el tema del secuestro y la extorsión.

La prevalencia de cifra negra en estos delitos que atentan contra la libertad de las personas es igualmente alta en México (los datos están en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI).

Lo que quiere decir que presumir que hay menos delitos en estos casos equivale a despejar que los ciudadanos están suficientemente aterrorizados y juzgan a sus autoridades lo suficientemente incapaces para hacer improbable que denuncien a un secuestrador o extorsionador.

Una buena autoridad de seguridad pública y procuración de justicia (improbable que la haya) ciertamente) no recurre así a los datos.

Recientemente tuvimos ocasión de presentar casos dramáticos de secuestro en nuestras páginas. Ambos en la Ciudad de México, es decir, en una de las entidades donde podemos suponer mejor estructurada a la Fiscalía local. Si hubo un común denominador en estos casos es que la autoridad del Ministerio Público hizo hasta lo imposible por no abrir una carpeta de investigación.

Es decir, disuadió consciente o inconscientemente a la víctima y mantuvo sus cifras de delito bajas a través de este método (al menos hasta que hubo denuncia pública).

Una cadena indeseable se va forjando así en las autoridades que deberían abrirle al ciudadano un camino hacia la justicia y la reparación del daño. El incentivo del Ministerio Público es mantener la cifra baja porque los superiores aspiran a eso y es eso lo que presentan como buena gestión ante la ciudadanía.

La ciudadanía que es víctima del delito, 90 por ciento, y poco dispuesta a la denuncia, consolida su desconfianza a la autoridad cuando ve la presentación de “buenos números” en la tele, en el radio o en los tuits.

Este ciclo, por supuesto, no nace de la generación de datos duros sobre número de denuncias, sino de un uso torpe que ni autoridades ni especialistas de la sociedad civil parecen preocupados por remediar.

No hemos tocado ni siquiera el tema de la capacidad de las fiscalías para investigar y sin embargo ya llegamos a la conclusión de que el festejo por la disminución del delito es un absurdo en estos casos, lo que queda demostrado.

 

Arturo Ramos Ortiz

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