El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó la presión a Filipinas tras aprobar el pasado jueves una resolución que pondrá en marcha una investigación, sobre la actuación policial en la guerra contra las drogas. La decisión del Consejo encargó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la presentación de  un informe sobre los excesos de la operación antidroga llevada a cabo por el mandatario filipino, Rodrigo Duterte.

La iniciativa, propuesta por Islandia, fue aprobada por 18 miembros del Consejo, mientras que  hubo 14 votos en contra y 15 abstenciones. Entre los Estados contrarios a la apertura de la investigación destacan el Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro y China. Por su parte, México fue uno de los países que votó a favor del informe, que Bachelet deberá presentar antes de junio de 2020.

A pesar de que el delegado de Filipinas en el Consejo declaró que van a ignorar la decisión, no piensan abandonar el máximo órgano de derechos humanos de la ONU, como en un principio tenían contemplado. Además, instó al resto de los países a que rechazasen la resolución, a la que consideró “políticamente motivada” y basada en informaciones falsas.

Por su parte, El Gobierno de Filipinas aseguró que la decisión tendrá “consecuencias de largo alcance”, tal y como aseguró ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Teodoro Locsin. “No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe”, añadió. El dirigente señaló que la resolución, no ha sido “adoptada universalmente”, por lo que su validez es “altamente cuestionable” Pese al rechazo de las autoridades filipinas, la decisión de la ONU supone una victoria para los defensores de los derechos humanos en el país.

Desde que en 2016 el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, comenzase la llamada “guerra contra las drogas”, ya han muerto más de 6 mil 600 personas, según cifras oficiales de la policía. Sin embargo, activistas por los derechos humanos denuncian que son muchas más. El último informe publicado el pasado lunes por Amnistía Internacional, destacaba de manera preocupante la media de 27 ejecuciones que se producen en  el país. Pero no sólo eso, el estudio señala el carácter arbitrario y desigual de las detenciones y asesinatos llevados a cabo por la policía. Según denuncia Amnistía Internacional la mayoría de detenciones se hacen a través de una denuncia sin pruebas, que suele afectar a las clases más bajas y más desfavorecidas de Filipinas.

La víctima más joven tenía tres años

Myca Ulpina, de tan sólo tres años, es la última víctima de la violencia causada por la operación contra el narcotráfico, iniciada por el presidente Duterte a su llegada al poder en 2016. La menor fue enterrada ayer en la provincia de Rizal, después de que un funcionario local considerase su muerte como un “daño colateral” de la guerra contra las drogas.

La niña fue usada, según fuentes policiales, como escudo humano por su propio padre, aunque la familia lo niega. La menor fue asesinada en un operativo policial realizado hace seis días, que se cobró la vida de su padre, otro civil y un policía. La muerte de Myca Ulpina plasma el estado de violencia que se vive en Filipinas, que se ensaña especialmente con la población más joven del país.