Con bombo y platillo el gobierno de la cuarta transformación presentò el “nuevo” Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones para el Mantenimiento de Paz en terrenos mexiquenses de la Secretarìa de la Defensa Nacional, con el objetivo de apoyar las acciones de la Organizaciòn de las Naciones Unidas que, ni es nuevo, ni tiene como objetivo la loable pacificación de las regiones convulsas del mundo.

Tras este modelo que operará en territorio mexicano hay otros muchos propósitos no confesados y opuestos a la postura tradicional del Ejército.

El primero, que no el más importante, de tipo económico. En sus presentaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, omitieron mencionar que con la inauguración de este centro adaptado en una edificación que ya existía en el Campo Militar 37 C en el Estado de México, el país va a poder recibir una importante cantidad de recursos procedentes de los países más ricos del mundo, pues las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) constan de un presupuesto independiente al financiamiento, con el que contribuyen las 193 naciones miembros en sus cuotas.

El monto no se conoce porque se define mediante una muy compleja fórmula de acuerdo a la riqueza económica de cada uno de los miembros, del porcentaje que se aplique a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los riesgos inminentes de conflictos anuales, pero se sabe que la inyección de recursos por este motivo es tan relevante que ha permitido sostener las finanzas de naciones completas. Por ello, no es casualidad que más de 40 naciones en el mundo tengan estos centros y muchos de ellos subsistan prácticamente de esos ingresos.

Pero económicamente hay mucho más. El gobierno mexicano tenía hasta el 31 de enero de 2019 —hace un año—para liquidar el retraso en el pago de sus cuotas ante la ONU, un “pendientillo” que no puede dejar pasar si aspira a convertirse en miembro no permanente del Consejo del Consejo de Seguridad del organismo mundial, como lo ha venido vendiendo el embajador ante dicha entidad, Juan Ramón de la Fuente, asistente por cierto a la inauguración de dicho centro junto con Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas.

Pero el adeudo es de tal tamaño que se vuelve impagable. Hasta el primer día de este año, horas antes de que se celebrara la reunión anual de la ONU en Nueva York, había 60 de los 193 países que le debían cuotas a la ONU y México estaba entre los más deudores con 36 millones 23 mil dólares, sólo superado (por supuesto) por Estados Unidos con 627 millones de dólares y muy por arriba de Guatemala que, pese a su Producto Interno Bruto, sólo debe un millón de dólares.

Así, y en pleno gobierno de la austeridad, ni hipotecando al país. ¿O sí?

En 2014, cuando México reinició la participación en tareas de Mantenimiento de la Paz, se envió particularmente personal de la Marina Armada de México, porque la jerarquía de la Secretaría de la Defensa Nacional se opuso terminantemente y trató de incidir en el Poder Legislativo con el argumento de que la participación de México en cualquiera de esas misiones o capacitaciones daría argumento a los organismos y otras naciones a intervenir en temas y decisiones soberanas.

Decían que enviar a miembros de las Fuerzas Armadas a las OMP dejaría indefenso al país, al desplegar soldados y marinos en el exterior, distrayéndolos de las tareas de seguridad internior que efectúan para combatir a la delincuencia organizada.

Entonces, la Sedena decía que, dada la posición de México a favor de la “no intervención”, debía descartarse la participación en las OMP, porque no podía el país “imponer la paz.” y pedían que del país (nadie) asistiera a misiones, ejercicios ni entrenamientos. La Marina ocupó entonces esos lugares.

Y aunque la Sedena obedeció la línea de la política exterior en las labores de mantenimiento de la paz, lo hicieron con sus variantes. Crearon un Centro de Capacitación de Operaciones Conjuntas en México, pero que sólo atendía con cursos la vía electrónica, no presencial y dirigida desde entonces por el teniente coronel Vitalio Pineda Díaz, quien ahora dirigirá el mismo centro, pero en forma física, en uno de los terrenos más vigilados y bien resguardados del Ejército nacional, su centro de entrenamiento en San Miguel de los Jagueyes.

El argumento de la Secretaría de la Defensa Nacional ahora es que con ello participa en los objetivos de Justicia y estado de derecho del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 “al sumar esfuerzos para la cooperación multilateral de México con la ONU y países amigos, a fin de enfrentar riesgos y amenazas que afectan la paz y seguridad internacional”, según su comunicado de prensa.

Extraordinario cambio, pero sobre todo confuso, porque la actividad no corresponde en términos estrictos a un objetivo de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro del Plan de Desarrollo. Es demasiado forzado ese pretexto, corresponde al eje de Política y Gobierno donde participa la Cancillería y que hasta el momento no ha explicado ésta y otras decisiones adoptadas en el interés de ocupar la silla de no permanente del Consejo Nacional de Seguridad en un momento tan complejo como el actual.

De nuevo la Sedena, a la orden de objetivos de gobierno que no le corresponden, incluso conseguir dinero del exterior a cambio de sus argumentos.

Twitter: @ethelriq