La Procuraduría General de la República (PGR) desechó la denuncia penal que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública interpuso contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por presunto fraude de 1.2 millones de dólares.
Lo anterior, informó la dependencia, en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad iniciados por José Antonio Ortega Sánchez, titular de dicha Asociación Civil.
En un breve comunicado, la PGR informó que la determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el 4 de abril pasado.
En marzo pasado, Ortega Sánchez presentó la denuncia penal contra Álvarez Icaza y días después acudió a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) para ratificarla. Sin embargo no procedió.
Ortega Sánchez acusó que el monto corresponde a lo que el gobierno federal ha entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes calificó de personas no “íntegras”.
Por ejemplo, dijo, Ángela Buitrago como fiscal en Colombia encarceló a personas inocentes con base en pruebas falsas, en particular al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien estuvo preso 8 años y medio hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia colombiana en 2015.
Aseguró que Claudia Paz y Paz, como fiscal general de Guatemala, encubrió actos de corrupción del destituido presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Indicó que Carlos Beristaín está implicado en un juicio por fraude en contra de la empresa petrolera Chevron.
“Señalamos como presunto autor del fraude a Emilio Álvarez Icaza, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional en la investigación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, acusó.
Ortega Sánchez aseguró que los expertos del GIEI han “malversado” los fondos públicos que les han sido entregados, al realizar actividades que nada tienen que ver con lo establecido en el acuerdo,
“No han cumplido con los compromisos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adquirió con el gobierno de México, ya que no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos”, indicó.
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