Opinión


La posible reforma al INE y los OPLE

La posible reforma al INE y los OPLE | La Crónica de Hoy

Pablo Xavier Becerra Chávez

Como parte del proyecto político del actual gobierno (al cual el presidente López Obrador llama “Cuarta transformación”), se han estado planteando algunas iniciativas de reforma de los organismos administrativos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE), en el nivel federal, y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en el local.

La idea central que guía las propuestas presentadas hasta ahora es la de la austeridad, que ya cubre todas las decisiones del gobierno, razón por la cual se plantea que lo principal es el ahorro, que la organización de las elecciones cueste lo menos posible, sin importar su calidad.

Un buen ejemplo de esto ya lo dio el nuevo gobierno en la organización de sus consultas, tanto las que llevó a cabo antes del inicio formal del sexenio (Aeropuerto y Tren Maya), como la que recientemente llevó a cabo con relación a la termoeléctrica de Huexca en Morelos. En todos estos casos las consultas no las organizó la autoridad electoral sino grupos informales cercanos al partido del Presidente, no se realizaron con base en la lista de electores, no incluyeron al Tribunal Electoral para resolver posibles impugnaciones y, finalmente, concitaron una participación muy pequeña de la ciudadanía. Al presidente AMLO no le importó porque la organización fue barata (según él, si las hubiera organizado el INE habrían costado mucho dinero y, aun así, no hubieran sido confiables), las organizaron personas de su confianza (las primeras las organizó la Fundación Rosenblueth, a la que en broma ya se le empezaba a conocer como el INE de la 4T, mientras que la de Huexca la organizó la Secretaría de Gobernación, quién sabe sobre qué base legal) y los resultados fueron los que él esperaba (el pueblo bueno y sabio le dio la razón).

Una agenda de reformas posibles en esta área de la organización electoral se está configurando en torno a los siguientes temas:

a) Primer tema: INE-OPLE. Aquí la disyuntiva es mantener el actual modelo INE-OPLE o considerar seriamente la desaparición de estos últimos y la reubicación de sus funciones en un verdadero organismo electoral nacional. En la actualidad los OPLE tienen atribuciones muy reducidas y las tareas sustanciales de los procesos electorales locales ya las desarrolla el INE, por lo que la desaparición de los primeros y la concentración de sus funciones en el segundo podría ser la consecuencia más lógica del actual modelo.

En cuanto a este tema, en el partido mayoritario, Morena, hay dos puntos de vista contradictorios. El diputado César Agustín Hernández Pérez presentó el 5 de marzo del presente año una iniciativa de reforma que propone algunos cambios en el número de consejeros del INE y de los OPLE, así como una reducción de sus periodos de encargo, lo que implica que parte del supuesto de que los OPLE deben permanecer. Pero dos días después, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, también de Morena, presentó una iniciativa para de­sa­parecer los OPLE y trasladar la organización de las elecciones locales al INE, por medio de sus Consejos locales, cuyos consejeros serían nombrados por la Cámara de Diputados por mayoría calificada. Por lo tanto, las dos posibilidades están presentes en el partido hoy mayoritario.

b) Segundo tema: Eliminar o mantener el método de cuotas para el nombramiento del órgano superior de dirección del INE y de los OPLE (si se mantienen). Se pueden recoger algunos elementos del actual método, como la convocatoria abierta y la realización de diversas evaluaciones a los aspirantes, de tal manera que el elemento meritocrático  (conocimientos, experiencia) esté por encima de cualquier consideración partidaria.

Un método posible para dicho nombramiento podría implicar a las universidades y centros de investigación de prestigio. Lo ideal sería eliminar la intervención del legislativo en el nombramiento. Por ejemplo, después de la comprobación de que se satisfacen los requisitos y de la realización de las evaluaciones correspondientes, el nombramiento final podría ser resultado de un sorteo entre los mejor evaluados.

Con respecto al procedimiento de nombramiento de los integrantes del Consejo General del INE, la iniciativa del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna mantiene en lo sustancial el procedimiento actual, pero modifica la forma de integración del comité técnico de evaluación, dándole mayor peso a los integrantes nombrados por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados (antes eran tres, la iniciativa los sube a cinco), en detrimento de los nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (de dos pasa a uno) y por el INAI (igualmente, de dos a uno). En las condiciones del nivel de mayoría que tiene la actual coalición gobernante, ello implicaría que dicha coalición podría dominar los nombramientos. En esa misma iniciativa se establece que el consejero presidente será electo por la Cámara de Diputados cada cuatro años, en lugar de para todo el periodo de nueve años (se mantiene la duración del encargo) como hasta ahora.

Pero en la iniciativa del diputado César Agustín Hernández Pérez (que mantiene a los OPLE) se reduce el periodo de duración del cargo, tanto para los integrantes del CG del INE, de nueve a seis años, como para los consejeros de los OPLE, de siete a seis. Igualmente se propone reducir el tamaño del Consejo General del INE, de once (establecido por la reforma de 2014) a siete (como fue en la primera época del IFE, de 1990 a 1996). De la misma forma se propone disminuir el número de consejeros en los OPLE, de siete a cinco. Todo ello guiado por el principio de abaratar el costo de los organismos electorales.

c) Tercer tema: Racionalización de la estructura del INE. Otra iniciativa de Morena, la presentada por el diputado Pablo Gómez el 27 de septiembre del año pasado, se enfocó en la fusión de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la de Organización Electoral, con lo cual se reduciría el número de direcciones ejecutivas, de seis a cinco. Lo mismo ocurriría en las juntas locales y distritales, con las vocalías respectivas. De nuevo, argumento principal para fundamentar esta reducción es el ahorro de recursos financieros.

Hasta el momento no se ve en el horizonte una iniciativa que integre los diversos cambios propuestos en materia de organización electoral. Es poco probable que haya una reforma en firme en este periodo ordinario de sesiones. Tal vez haya que esperar al periodo que inicia en septiembre.

 

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Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la unidad Iztapalapade la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

 

 

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