Uno de los lugares comunes en la enseñanza del Derecho constitucional mexicano es que el federalismo mexicano es “una copia extra lógica del norteamericano” (Tena Ramírez dixit) y que vivimos una estructura jurídico formal que no corresponde a la realidad política. Bajo esta óptica los gobernadores están subordinados al Presidente.

En la cúspide del México autoritario del siglo XX, el gobierno de López Portillo, las reuniones de la República reflejaban la concentración del poder en el Ejecutivo Federal que borraba a las autonomías funcionales y regionales. Esto se explicó políticamente en El Estilo Personal de Gobernar en el que Cossío Villegas clasificó al régimen político mexicano como una monarquía sexenal y jurídicamente en lo que Jorge Carpizo denominó las facultades metaconstitucionales en el presidencialismo mexicano.

A partir de mediados de la década de los noventa, se presentó una tendencia a la descentralización regional y funcional del poder, los gobernadores y los poderes legislativo y judicial lograron influencia en la acción del Estado dentro de sus respectivas competencias. También se crearon los órganos constitucionales autónomos. La autonomía se convirtió en una bandera política en contra del autoritarismo populista. Esta proclividad autonómica se intensificó con los gobiernos divididos (1997) y la alternancia en el poder (2000).

Con una estrategia gradualista se transfirieron recursos a las entidades federativas. La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1996 y la institucionalización de los fondos de aportaciones federales dotó de más recursos a los estados y se profundizó la descentralización de la salud y la educación con resultados disparejos.

En la elección del presidente Fox provocó la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, como un frente opositor al gobierno federal panista. Hoy esta función la realiza la Alianza Federalista de Gobernadores, que exige una nueva Convención Nacional Hacendaria, o la Asociación de Gobernadores del PAN.

La fuerza política de las regiones del país es real, no es una mera formalidad jurídica, y proviene de una historia propia de los estados de la República. Hay una permanente tensión de colaboración-confrontación entre el gobierno federal y las entidades federativas dentro de una conciencia de la importancia de la unidad nacional.

La influencia de los gobernadores es necesaria para la gobernabilidad en una Federación, son el eje de acción política, económica y social en el ámbito local e intervienen en la ejecución de más del 50% del ingreso federal, ya sea por la vía de las participaciones, que son ingresos propios de las entidades federativas, o de los fondos de aportaciones. Sin embargo, padecen de una crónica debilidad financiera ya que no han logrado construir un sistema de recaudación eficiente propio primordialmente, porque cobrar impuestos es impopular y los gobernadores han preferido depender de los recursos fiscales federales y del endeudamiento público.

En 2013, paradójicamente, con un Presidente que construyó su candidatura desde el Estado de México, se inició un proceso de centralización de la toma de decisiones y homologación legislativa en distintas materias. Se sujetaron a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación recursos públicos que corresponden a los estados -las participaciones federales- y se dictaron criterios nacionales en materia de combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, transparencia, fiscalización, armonización contable, deuda púbica, con base en leyes generales, desde la óptica centralista. Con el gobierno de la 4T este proceso se intensificó.

Hay movimientos regionales reales contra este proceso de recentralización del poder. La gota que derramó el vaso fue el trato soberbio -a decir del GOAN- de las autoridades de salud federales en los trabajos de coordinación para combatir la pandemia del COVID 19. La acusación de que los responsables de la falta de información y la descoordinación eran los gobiernos locales no gustó y se pidió la renuncia de López-Gatell.

La primer reacción presidencial fue acusar a los reclamantes de hacer “politiquería” y cuestionar su representatividad política. Luego rectificó y se comprometió al encuentro con todos los gobernadores. La Reunión de la República debe ser un diálogo constructivo, no un espacio de confrontación, ni mucho menos un nuevo besamanos autoritario.

En San Luis Potosí se verá quien está preocupado por quedar bien con el gobierno central y quien está comprometido en la defensa de los intereses regionales que representa. Esto no es una “rebelión” es un federalismo vivo y actuante, que requiere que permanentemente se revisen las formas jurídico-constitucionales de las relaciones intergubernamentales. Las respuestas autoritarias no contribuyen a mejorar la coordinación entre la Federación y las entidades federativas que tanto se requiere para salir junto de las crisis sanitaria y económica.

Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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