Ya en esta columna he insistido en que no hay un concepto único de democracia, por tanto, cuando una destacada pluma acusa un acto de antidemocrático, o, por el contrario, lo adjetiva positivamente como democrático, es exigible pedirle que defina lo que entiende por esa elusiva palabra.

Tal vez usted piense que no es un problema en realidad, que es un dilema falso porque la Constitución define lo que debemos entender por democracia. Lamento decir que nuestra norma máxima tiene distintas visiones o versiones de lo democrático.

Por ejemplo, en el artículo 3°, se afirma que la democracia no es solamente un sistema político (entendamos, electoral), sino que se basa en el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo, tanto en lo social como en lo cultura y lo económico.

Esta definición se aparta de la medida meramente comicial. Va más allá de poner casillas, contar votos y conducir un proceso de forma equitativa mediante autoridades no partidistas; asume que la democracia tiene que ver con que la gente perciba que hay una elevación de su nivel de vida.

Un concepto así, sustancialista, nos recuerda que la confianza en las elecciones tiende a bajar cuando la ciudadanía no siente un cambio en su estándar de vida, o lo percibe pero de forma negativa.

También nuestra Constitución habla de democracia electoral. De la celebración periódica de comicios en los que el voto sea libre, secreto, universal, directo, personal e intransferible. De partidos políticos que deben ceñirse a las disposiciones legales; de autoridades electorales cuyo deber es organizar y calificar las elecciones sin una tendencia a favor de cualquiera de las fuerzas participantes.

Aquí tenemos un concepto de democracia distinto del sustancialista. Más bien, una idea de que se trata de desahogar procedimientos para seleccionar a las y los gobernantes, conforme una idea de equidad en la contienda que tenga como fin la formación libre de la decisión común y su expresión en las urnas.

Democracia sustancial, y democracia electoral.

Pero no son todavía todas las versiones que podemos encontrar en nuestra máxima norma.

En efecto, también nuestra Carta Magna concibe una visión participativa de la democracia, esto es, asume que la ciudadanía puede tomar un papel activo en la toma de decisiones políticas, y no quedarse solamente en la versión electoral. Así, se contempla la consulta popular, que viviremos en un par de meses, así como la revocación de mandato.

En esta democracia participativa no se elige gobernantes. Se deciden asuntos públicos e incluso se puede retirar la confianza al representante.

La concepción participativa también se manifiesta en el derecho que tienen ciertos grupos para ser consultados respecto las decisiones que les afecten, como sucede con las comunidades indígenas, las personas que se encuentran en el espectro autista, y las personas adultas mayores.

Si bien de forma implícita, creo que también podemos encontrar una visión deliberativa de la democracia en nuestra máxima ley. Este concepto implica que ningún poder u órgano es dueño siempre del sentido o interpretación final de la Constitución, sino que este puede construirse en un diálogo constante; por ejemplo, entre la Suprema Corte y el Congreso de la Unión, o incluso mediante la participación popular en consultas o mesas de trabajo.

Democracia sustancial, electoral-representativa, participativa y deliberativa. Al menos cuatro versiones en un mismo documento.

Ahora bien, lo que puede quedar claro es que la democracia, en cualquiera de estas visiones, requiere ciudadanas y ciudadanos. Esto es, personas que no solo estén dispuestas a votar para elegir representantes, sino que también tengan la disposición de participar en la discusión pública de los asuntos y, en su caso, integrarse a la toma de decisiones colectivas.

De esta forma, si alguien afirma que hay un concepto constitucional único de eso que Lincoln definió como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, o no ha leído la norma máxima, o simplemente está mintiendo.

La democracia es un asunto tan importante, que no se puede dejar solo en manos de quienes se dedican a la política. O a escribir sobre ella.