Al presentar su Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, destacó que dentro las auditorías realizadas a obras en carreteras, puentes y distribuidores viales del gobierno peñista se hallaron irregularidades a favor de particulares, por ejemplo en el convenio de Concertación de Acciones para la modificación del trazo de la carretera Federal 200, Manzanillo-Puerto Vallarta, con longitud de 780 metros.

La funcionaria también refirió que se detectaron incumplimientos en la concesión del tramo carretero Autopista Amozoc-Perote, Veracruz, y Libramiento de Perote.

“Se practicó una auditoría en la que se determinaron 25 observaciones que se relacionan con lo siguiente: Incumplimientos de las bases de licitación. En julio de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició el procedimiento de revocación de la concesión por incumplimientos reiterados de la concesionaria; no obstante, el 20 de septiembre de 2004, la SCT determinó no continuar con el procedimiento al considerar que los incumplimientos no eran reiterados ni graves, y que no ameritaban la revocación del título de concesión. Incumplimientos de las bases de licitación.

De acuerdo con el informe presentado ayer ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, en julio de 2004, la SCT inició el procedimiento de revocación de la concesión por incumplimientos reiterados de la concesionaria; no obstante, el 20 de septiembre de 2004, la dependencia determinó no continuar con el procedimiento al considerar que los incumplimientos no eran reiterados ni graves, y que no ameritaban la revocación del título de concesión.

“La SCT autorizó indebidamente modificaciones al acta constitutiva de la concesionaria, movimientos en el capital social e incorporación y sustitución de accionistas. Estas modificaciones eliminaron la restricción para incorporar y sustituir accionistas, siempre que los originales conservaran un mínimo del 60 por ciento del capital social. Con la finalidad de aportar recursos líquidos al proyecto, la concesionaria obtuvo un crédito por 200 millones de pesos de la empresa OHL para la construcción de las obras. Posteriormente, la concesionaria invitó a participar a esa firma en su capital social, convirtiéndolo en socio mayoritario, con 67 por ciento del capital social”, destaca el documento.

Indica que a causa de un derrumbe en la carretera, la concesionaria ejecutó obras complementarias e incurrió en gastos adicionales que, actualizados a 2015, ascendían a 1,442.9 millones de pesos (mdp), por lo que solicitó el reconocimiento de dichos gastos como capital de riesgo adicional invertido, sin acreditar que eran obras adicionales.

Sin embargo, con la finalidad de restituir el equilibrio económico de la concesión, la SCT amplió su vigencia por 30 y 20 años.

Sobre este tema Jiménez Espriú advirtió que en todos los casos en que encuentren irregularidades habrá procesos de nulidad, porque no se puede avalar que continúe la corrupción.

Rechazó hablar de quién es el particular que se benefició con modificaciones al tramo carretero en Puerto Vallarta.

Sandoval Ballesteros aclaró que su administración ha realizado cuatro visitas de supervisión y seis verificaciones de calidad, en las que se determinaron 49 observaciones, con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 616.2 mdp.

Hospitales, sin desabasto de medicinas

Antes de presentar su informe, la titular de SFP recorrió junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el Hospital Juárez, visita en la que, dijo, no se halló que haya falta de medicinas, lo que sí reveló que este hospital es que tiene en curso tres auditorías, aunque no abundó en qué sentido.