El pasado 08 de julio a media noche, el Constituyente de Baja California modificó la Constitución del Estado para ampliar el plazo del mandato del gobernador electo de 2 a 5 años. En la mañanera, el Presidente evadió responder la pregunta de los reporteros y alegó que ese era un tema regional. MORENA defendió lo sucedido bajo el argumento que se ahorraba el dinero de una elección y que había sido aprobado por la mayoría democrática porque así lo querían los ciudadanos.

La actitud presidencial es patética y mal oculta sus propias intenciones de experimentar en una entidad federativa lo que desea que pase en la Federación. No le caería mal una ampliación del mandato, como producto de las consultas populares plebiscitarias de corte autoritario que realiza y utiliza constantemente en sus mítines cuando pide el apoyo de los asistentes, a mano alzada, a la ocurrencia del día.

Tocqueville advirtió del riesgo en una democracia sin controles de la tiranía de la mayoría que consiste en que un poder electo por votación universal y secreta abusa del mandato concedido y viola los derechos de las minorías y rompe con el equilibrio entre los poderes.

En una democracia representativa, que respete los valores occidentales de libertad y tolerancia, la voluntad mayoritaria está sometida al Estado de derecho, que es el principio básico del orden jurídico contemporáneo y consiste en que ninguna autoridad puede hacer aquello para lo que no está facultado por una norma o ley previa. En las democracias populares autoritarias, el voluntarismo político aplica y hace su propio derecho cuándo y cómo quiere.

En un Estado de derecho, el poder debe someterse a la norma jurídica en dos sentidos: 1) la Constitución limita el ejercicio del poder público, y 2) el poder no puede cambiar el derecho que lo rige en cuanto a su integración y plazo de ejercicio. Vamos, no se vale modificar las reglas del juego a mitad del mismo.

El primero es la adecuación de la voluntad del gobernante, el legislador y el juez a lo que está dispuesto con anterioridad al ejercicio de su autoridad, en razón a que su potestad deriva de la existencia de un derecho previo. Este es el fundamento de la certeza jurídica y evita la arbitrariedad y capricho del poderoso.

El principal garante de esta condición mínima de respeto a la libertad de las personas es el juez que verifica que la actuación de la autoridad esté sujeta a una norma previa. “Nadie puede ser molestado... sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...” (artículo 16 constitucional).

La segunda es la prohibición a modificar las reglas de integración y duración del ejercicio del poder social una vez que éste ha sido conformado. En otras palabras, el poder democrático no puede cambiarse asimismo una vez electo, so pena de transformarse en tiránico. Alterar el plazo o condiciones de ejercicio del cargo es un fraude a la voluntad popular expresada en las urnas y una estrategia propia de los gobiernos autoritarios.

Este fraude es una violación al Estado de derecho, que es el uso indebido del poder otorgado por la mayoría para preservarse indebidamente en el ejercicio del poder. En México, el antecedente inmediato es Santa Anna. Ni Porfirio Díaz, ni Álvaro Obregón se atrevieron a hacerlo cuando impulsaron la eliminación del principio de no reelección inmediata o absoluta.

El primer paso para una dictadura, que en el siglo XX se disfrazó de democracia popular que es el sustento ideológico de los tiranos en Corea del Norte, Cuba y Venezuela, es la violación a las reglas de integración del poder apoyada por aclamaciones en plazas públicas, consultas a modo o el impulso del plebiscito autoritario.

La aparente indiferencia del Presidente y el apoyo descarado de MORENA son una estrategia para “medirle el agua a los camotes”. Al parecer los precandidatos a la presidencia en 2024 ya reaccionaron y la Comisión Permanente emitió un acuerdo en contra la reforma bajacaliforniana.

Lamentablemente, en estos primeros meses del gobierno de la 4T, el ejercicio del poder fuera de la ley es frecuente y la amenaza a los jueces que no secunden los actos autoritarios del gobierno es recurrente.

De ahí, que sea grave que se tolere una “discreta y lejana geográficamente” modificación al plazo del mandato del gobernador de Baja California que convierte al derecho en un instrumento del poder político más que en un límite del mismo.

Estamos ante la lenta agonía del Estado de derecho por una mayoría que se ha mostrado dispuesta a pisotear todos los derechos para llevar a cabo su proyecto, que no es necesariamente compartido por el electorado, que votó en contra del continuismo y no a favor de un neo-autoritarismo. Vale.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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