El vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, indicó que a partir de que el gobierno federal suspendió los apoyos a las guarderías en todo el país, se dispararon los ataques sexuales en contra de los niños y niñas, que quedaron expuestos a los abusadores.

Dijo que de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el trienio 2015-2018 las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron en un 39 por ciento al pasar de 2 mil a 2 mil 919 casos, es decir un promedio mensual de 80 abusos sexuales.

Esta cifra se disparó durante el primer trimestre del 2019 al pasar a 837 casos de abuso sexual, es decir casi 300 casos cada mes. Es decir, que a partir de que el gobierno federal suspendió los apoyos a las guarderías los niños y las niñas quedaron expuestos a los abusos sexuales, sobre todo porque las estadísticas refieren que los abusadores son personas cercanas a la familia.

Dijo que estas acciones, sólo reflejan que la cuarta transformación desmanteló la red de protección infantil y con su política de austeridad prácticamente dejó expuestos a miles de niños y niñas de México.

Lobo Román llamó a los partidos políticos representados en el Congreso de la CDMX a hacer un frente común para el cuidado de los niños y niñas de esta ciudad, defendiendo la plataforma legal y de asistencias social, médica y educativa, en favor de la niñez.

“Más allá de las intenciones políticas de cada partido, es necesario considerar que dentro de las prioridades de la sociedad, resaltan las acciones de gobierno en favor de la niñez”.

Debemos evitar que por una mal entendida política de austeridad, se canceles los programas y leyes que han demostrado su eficiencia en apoyo a los niños y niñas”, sentenció.

En conferencia de prensa donde diputados del PAN, PVEM, PT, PRI, MORENA y PRD anunciaron las realización de Foros de análisis “Educación Inicial Infantil una Apuesta por el Futuro”, Lobo Román indicó que el Congreso de la CDMX tiene la obligación moral, ética, social y política de blindar la Red de protección Infantil y evitar que se pierdan los avances jurídico, sociales, educativos y de salud en favor de la niñez.