Amor son hechos …

El Presidente Electo delineó, el pasado fin de semana, los ejes principales del presupuesto federal para el año 2019. Ese presupuesto se presentará, a más tardar, el 15 de diciembre ante la Cámara de Diputados. La fecha límite para su aprobación es el 31 de diciembre de este año. La batalla por el presupuesto ya ha comenzado y, sin duda, se agudizará en la medida en que se desplieguen los restantes instrumentos normativos que buscan hacer viable la ­reorientación del gasto público.

Las prioridades establecidas por el nuevo gobierno para el gasto público federal, se enfocan en atemperar los agudos niveles de pobreza e inducir el desarrollo comenzando por el entorno más cercano a la población. En el primer rubro se anuncia el otorgamiento de apoyos económicos a adultos mayores, a personas con discapacidad que se encuentran en niveles de pobreza, a infantes y jóvenes de los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En cuanto a desarrollo, se plantean partidas presupuestales para la reconstrucción (motivada por desastres naturales), el mejoramiento de colonias urbanas marginadas (dotación de agua), el empleo a jóvenes, el apoyo al campo (mediante fertilizantes, empleo y crédito), el mejoramiento o construcción de vías férreas (Istmo de Tehuantepec y Tren Maya), la construcción de una refinería, la mejora de caminos, la ampliación de internet, y la mejora en la provisión de salud y educación (creación de 100 nuevas universidades públicas). Con independencia de la opinión que se tenga respecto a la pertinencia de esos proyectos, que cabe recordar, provienen de sus ofertas de campaña, conviene reflexionar respecto a su viabilidad financiera.

El nuevo gobierno ha anunciado su disposición de mantener los indicadores macroeconómicos bajo estrecho control. En consecuencia, se ha comprometido a no incrementar el déficit fiscal, ni la deuda, ni a establecer nuevos impuestos, ni a acrecentar los actuales. También se ha comprometido a no aumentar, en términos reales, los precios de los energéticos (gasolina, gas y electricidad).

El presupuesto amanecerá con restricciones considerables. De los casi 5.7 billones de pesos, en que se estima el presupuesto 2019, ya se tienen comprometidos los siguientes rubros: costo financiero de la deuda, 725 mil millones; participaciones federales a las entidades, 703 mil millones; compromisos de pago por bienes o servicios ya devengados (Adefas), 36 mil millones; servicios personales (nóminas y otros gastos de personal), 1 billón, 252 mil millones, y pensiones y jubilaciones, 928 mil millones de pesos.

A la luz de esas obligaciones: ¿Cómo financiar el costo de los nuevos proyectos? Dos instrumentos normativos (uno ya aprobado y el otro en camino de serlo; antes de la aprobación del presupuesto) aunados, en mi opinión, con el combate a la evasión fiscal, serán las apuestas del nuevo gobierno para obtener los recursos necesarios para sus proyectos.

En el primer caso, la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre pasado), establece que el sueldo de los funcionarios federales no puede ser superior al que perciba el presidente de la República. Esa nueva disposición obliga, en primer lugar, al propio Poder Legislativo a formular y aprobar un presupuesto que garantice su observancia. La aprobación de esa ley ya ha provocado los primeros escarceos de una batalla que se vislumbra prolongada, dados los recursos legales de los que echarán mano los involucrados, tanto de quienes están adscritos a algunos de los órganos autónomos como, sobre todo, de quienes integran el Poder Judicial. A pesar de las resistencias, la disminución de recursos a la partida de servicios personales será importante.

Esa disminución se verá robustecida por la aprobación de la denominada Ley de Austeridad Republicana. La iniciativa respectiva fue presentada el 11 de septiembre y ya se procesa actualmente en comisiones legislativas. Se tiene previsto, se apruebe el 29 de noviembre próximo; es decir, antes de la aprobación del presupuesto. La puesta en marcha de esa ley también tendrá un impacto importante hacia la baja en el presupuesto, pues contempla: la prohibición de contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación, con cargo a recursos públicos, la con,tención del crecimiento de plazas, la eliminación de escoltas, secretarios privados y asesores de los funcionarios públicos, la limitación en el uso de vehículos, la reducción de propaganda oficial, y la disminución de viajes oficiales al extranjero. Un aspecto destacable es la restricción de fideicomisos que utilizan recursos públicos. Se estima que existen 341 de éstos que manejan recursos por 875 mil millones de pesos y que carecen de una vigilancia cabal.

Esas medidas de contención y reorientación del gasto público tendrán el mayor impacto en la percepción de la población respecto al nuevo gobierno. Es por ello que buscará asegurar la suficiencia de caudales. Pero los recursos que deriven de las medidas de contención referidas podrían no ser suficientes para dar viabilidad a los nuevos proyectos.

Es por ello previsible que, para la formulación del presupuesto, dadas las restricciones ya mencionadas, se tomen acciones adicionales para el fortalecimiento de los ingresos públicos. En particular, es aconsejable que el nuevo gobierno combata la evasión fiscal, que se enmascara en la condonación interesada y discrecional del pago de impuestos. Esa medida tendría, además, la virtud de sanear y fortalecer la economía en su conjunto.

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