De acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), pese a que en la Ciudad casi la mitad de la población usa el transporte público, el Gobierno sólo invierte un 36 por ciento para este rubro de su presupuesto federal en movilidad. Según el estudio de Imco, 20 ciudades del país no han priorizado a las personas, sino a los automóviles, lo que ha generado mayor congestión vehicular.

Aunque el Valle de México fue el mejor evaluado en movilidad, con una calificación “adecuada”, aún existe una disparidad entre el porcentaje de personas que usan el transporte público y la inversión que se hace en la materia.

Muchas problemáticas fueron estudiadas por el índice de Movilidad Urbana (IMU) que se realizó a partir de la medición y comparación de las condiciones de movilidad de las 20 ciudades más importantes del país.

Este estudio refleja la capacidad para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población.  Se busca medir qué tan competitiva es la movilidad, el  principal eje rector es la distancia que un peatón o ciclista recorre en 30 minutos, considerando la calidad y los servicios ofrecidos en una zona con alta actividad económica.

De las 20 ciudades estudiadas, que contemplan 203 municipios, destaca que:

El Valle de México, Saltillo y Guadalajara cuentan con un nivel de competitividad adecuado. Las ciudades con mayores alternativas de movilidad tienen mejor desempeño en la producción y el bienestar social, además de observar en ellas salarios altos y tasas de crecimiento 2.3 veces más rápidas.

En promedio, en 2015, el 67% de los usuarios del transporte público en la ciudad de la muestra consideraron que la cobertura de la red fue suficiente. Sin embargo, el 41% de los usuarios esperó mucho tiempo entre unidades y el 64% cree que las unidades están en mal estado.

Este instituto propuso a las autoridades locales: Promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.

Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre Gobierno y empresas.

Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público y no motorizado.

Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.