Delia Montero Contreras*

Las instituciones son importantes para cualquier país, particularmente para sus ciudadanos, ya que limitan el conjunto de elecciones de los individuos, disminuyen la incertidumbre, orientan el desempeño económico de una nación y están permanentemente cambiando. Son una guía para la vida diaria y en la interacción de los individuos y éstas, así como su aplicación, cambian de un país a otro, ya sea en la parte formal (leyes) o informal, que es la manera en que se aplican y cumplen las reglas los ciudadanos y tomadores de decisiones. Como diría North, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, ideadas por el hombre.

Las reglas emitidas por las instituciones son tan importantes como los jugadores, ya que la forma en que se apliquen es fundamental para que se cumplan adecuadamente. Las instituciones emiten reglas para combatir conductas nocivas para la sociedad como robar, matar o contaminar el agua y, cuando se violan hay un castigo. De hecho, una parte esencial del funcionamiento de las instituciones es lo costoso que resulta conocer las faltas y aplicar el castigo (North, 2012).

Muchas reglas que emite el Estado son decretos importantes, como los que se proclamaron desde la Constitución de 1917 en el Artículo 27 en el caso del agua, el cual establece que es propiedad de la nación toda el agua que se encuentra dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de asegurar el líquido a toda la población. Algunos cambios a la Constitución de 1917 se dieron en 1945, cuando se incorporaron las aguas subterráneas y más tarde las aguas usadas. Esto implica que solamente el Estado puede tener el derecho de propiedad de las aguas superficiales, subterráneas y usadas de este país, y sólo éste puede transferir estos derechos a empresas privadas o particulares a través de concesiones para extraer agua por una cantidad y tiempo determinado.

Al ser el agua propiedad de la Nación y por tratarse de un recurso vital para la vida, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar este recurso y por tanto tiene los derechos sobre el agua, pero también responsabilidades, por lo que su manejo debe estar encaminado a satisfacer las necesidades humanas de todos los habitantes de este país, toda vez que el recurso es un derecho humano como también lo estipula la misma Carta Magna y por tanto debe llegar a todos los hogares de forma adecuada y asequible. El Estado también debe asegurarse que llegue a los diversos sectores productivos.

Al tener los derechos de propiedad, el Estado procurará realizar una gestión contemplando la cantidad y calidad a través de la supervisión de las asignaciones o concesiones que va otorgando. Sin embargo, en la realidad, esto no funciona así en México, ya que los jugadores o tomadores de decisiones no cumplen con las reglas del juego tal como lo indica la Carta Magna, debido a que al transferir los derechos de propiedad a terceros omiten realizar supervisiones de lo acordado en las concesiones, presumiblemente por dos razones: la corrupción y los costos de transacción.

Toda organización, ya sea un gobierno o una empresa, para su buen funcionamiento requiere de información, asistencia jurídica y sistemas de verificación apoyados en tecnologías de la información para un buen desempeño de sus actividades y todo esto tiene un costo, que denominamos costo de transacción. Todos los gobiernos los tienen y en algunos casos son muy altos, pero es parte del buen funcionamiento de los gobiernos.

El gobierno mexicano ha transferido los derechos del uso de este bien a través de una serie de concesiones —algunas de hasta cincuenta años— a empresas privadas, para la extracción de agua de pozos con el fin de realizar sus actividades productivas por una determinada cantidad de metros cúbicos al día, que generalmente no se respeta y se extrae más agua de la que oficialmente tienen permitido; lo que se observa no por la publicación de los datos oficiales (que por cierto son secretos y considerados como de seguridad nacional), sino por el incremento de sus ventas, como es el caso de las empresas embotelladoras de agua. Esta falta de supervisión gubernamental también se observa en la desmedida expansión de nuevos negocios como son las piperas, que toman agua de pozos poco supervisados para abastecer de agua a las purificadoras o a zonas que carecen de ella, que bien a bien no se sabe si tienen una concesión, cuántos litros pueden extraer, la calidad del agua, entre otras cuestiones. Estos negocios de piperos permean a otros establecimientos irregulares como son las purificadoras, ya que en muchos casos las abastecen para que vendan agua supuestamente purificada como es el caso de Iztapalapa. En toda esta cadena se carece de controles y de datos oficiales emitidos por las instituciones de hacienda o salubridad.

Verificar las cantidades extraídas y calidad del agua requiere de mucha supervisión, a lo que se suma la actualización de las concesiones y de los contratos, la verificación periódica del agua que venden las purificadoras y otros establecimientos, que actualmente no se hace. Supervisar el agua que venden las pipas requiere también revisar los contratos, concesiones y cantidades acordadas, con el fin de cumplir con las normas sanitarias para distribuir agua para el consumo humano, la fuente de la que se extrae, entre otros asuntos. Todo eso es un misterio y ponerlo al día le cuesta al gobierno mucho dinero. A su vez, verificar la calidad del agua que venden las purificadoras requiere de controles periódicos con el fin de asegurarse que la calidad del agua que se ofrece y el estado de los garrafones cumplen con la norma sanitaria. Lo anterior requiere de una enorme inversión que implica altos costos de transacción. El gobierno funciona como una enorme máquina administrativa que tiene costos de transacción para operar y, en ocasiones, éstos pueden ser extremadamente costosos. Sin embargo, si los beneficios sociales que se pueden alcanzar son más altos que los costos de transacción para mantener un recurso natural indispensable como el agua, estos montos estarán más que justificados. Recordemos que sin agua no hay vida.

*Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana