Un pagaré por dos millones 800 mil pesos, cuya autenticidad ya fue descartada por un perito oficial de la Fiscalía mexiquense, y su enjuiciamiento en ausencia (lo que ya fue cuestionado severamente por el Consejo de la Judicatura estatal) provocó que la señora Elvira García esté en riesgo de perder sus propiedades: unos locales comerciales en la CDMX. La señora García denuncia esto ante Crónica, documentos en mano, y relata lo que han sido dos años de estar atendiendo un litigio que ella, asegura, no se buscó. Dos años de demostrar, punto a punto, que hubo irregularidades, pero en las que los juzgados del Estado de México no le brindan protección final de la justicia y el Poder Judicial Federal se lavó las manos dándole trámite burocrático a un caso que bien puede reflejar corrupción en juzgados.

Contra la garantía mínima de protección a sus derechos humanos, el juicio iniciado en 2014 transcurrió en ausencia de la demandada y llegó hasta el punto de que, en 2017, se realizaban trámites ante notaria para poner las escrituradas de sus locales comerciales a favor de quienes la habían demandado. La señora García supone que se trata de una red de estafadores. “No sólo denuncio públicamente por mí, no sé a cuanta gente le estén haciendo esto”, señala. La señora logró darse cuenta casualmente de esto porque aceptó ser fiadora de una conocida y al momento de realizar los trámites le informaron que “había un gravámen pendiente” en sus propiedades.

No era un gravámen, cuando se presentó a investigar el asunto, descubrió el proceso judicial en su contra. “No sabía nada, desconocía de un juicio; corrí con un abogado, él me preguntó si firmé algo alguna vez, si en un trabajo me hicieron firmar una hoja en blanco, pero no, no había nada de esto. Cuando llegamos al juzgado de Ecatepec allí me dijeron que el expediente ya no estaba porque estaba en la notaría para hacer la escritura de adjudicación”, relata.

No sólo eso, sus indagatorias, comenta, la llevaron a descubrir que el fraude era tan burdo que habían realizado un primer intento, también con un presunto pagaré no liquidado que otro juzgado desechó. A ese intento siguió otro, en un juzgado diferente, donde comenzaron a acumularse las irregularidades y a donde la señora García descubrió que ya estaba todo listo para que, ante notario público, sus propiedades pasaran a otras manos.

En primer lugar, el juzgado a cargo colaboró ampliamente en enmendar la plana a las torpezas que cometieron los acusadores. Una dirección en la que se aludía a una colonia de Tecámac “en el municipio de Ecatepec” fue señalada como domicilio de la señora García. La dirección tenía inconsistencias al enredar dos municipios diferentes y dar una dirección que simplemente no existía... pero el personal del juzgado aseguró que hizo notificaciones.

La señora García indica que la dirección aludida le resulta del todo ajena, pero el notificador enviado por el juzgado –para poner al tanto a la acusada del caso y proceder al embargo– presentó un informe en el que aseguraba que la señora le había recibido en mano la documentación y que aceptó identificarse con su cédula profesional.

Esta semana, el Consejo de la Judicatura mexiquense ya corroboró que el ejecutor no debió haber realizado su encomienda. La señora García asegura que no fue ella quien recibió a ese ejecutor de la diligencia que hoy está bajo investigación del Consejo de la Judicatura estatal y que, se espera, producirá sanciones en un par de semanas.

A pesar de que las inconsistencias en direcciones y propósitos ya prendieron las alertas en la Judicatura estatal, la señora García sigue con la incertidumbre, pues el caso no es cerrado en definitiva a su favor.

El número de su cédula profesional y la aparición del nombre de una abogada en el expediente hacen pensar a la señora Elvira que el fraude fue urdido por gente que la conoce y se mueve en los juzgados del Edomex. Pero muchos de estos personajes han estado transfiriendo los derechos del pagaré (aparentemente en compra) y cambiando la representación legal de los demandantes. La sospecha es que es una banda bien organizada y dedicada a este tipo de fraudes.

El abogado que contrata doña Elvia García, en cuanto detecta que sus propiedades están en riesgo, promueve un amparo ante el Poder Judicial de la Federal que detiene el proceso de escrituración en favor de los demandantes. Sin enbargo, cuando el amparo se debe resolver y la señora García espera que se deseche, por todas las inconsistencias que ya tiene documentadas, el juzgado decide mandar el análisis a Sinaloa, alegando que tiene mucho trabajo. Desde allá mandan decir que el expediente se ve bien, completo, y no se ve que falte algún procedimiento. No dicen nada sobre que se le haya juzgado en ausencia.

Así, a las horas para atender la demanda de un pagaré que un perito señala como falso, se agrega el tiempo para que el Consejo de la Judicatura del Edomex actúe contra quienes armaron un expediente por cinco años para despojarla y al Consejo de la Judicatura Federal para ver por qué un caso como éste se trata con tanto burocratismo.