Luego de más de 15 años de establecido en México el marco jurídico sobre la biodiversidad, resulta necesario y pertinente ponerlo al día considerando los acuerdos del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), las metas de Aichi, los Protocolos de Cartagena y de Nagoya, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y, muy especialmente, la recientemente publicada Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016 – 2030 (ENBIOMEX, disponible en sitio web de la Conabio).

En este contexto, la Senadora Ninfa Salinas, del PVEM, presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), que implica reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como abrogar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). No habiendo tenido lugar consultas públicas previas, causó sorpresa entre las partes interesadas en la preservación de la biodiversidad en México, organizaciones de la sociedad civil y academias que invierten sus esfuerzos en el conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad.

Muchos manifestamos insatisfacción y rechazo, particularmente por la ausencia de consulta pública. La intención era aprobar esta iniciativa de decreto de ley rápidamente, para presentarla en la COP13 de biodiversidad en Cancún, por lo que más de 50 ONG y 180 especialistas presentamos cartas al Senado solicitando no aprobar inmediatamente la propuesta, realizar consulta pública y dar suficiente tiempo para una revisión a fondo.

El Senado decidió pasar la revisión de la iniciativa al primer periodo de sesiones 2017 y abrir consulta pública. Ya colocó un cuestionario en su página web y realizó un primer foro el viernes 24 de febrero. Se espera que estas dos cosas sean solamente el arranque de un periodo suficiente de tiempo para que todas las partes interesadas expresen observaciones. Es indispensable un periodo de varios meses. Es indispensablecontinuarcon consultas y, considerando todos los insumos que resulten apropiados, pasar a aprobación la propuesta de LGB hasta el inicio del segundo periodo de sesiones del Congreso (en septiembre). Solamente así es posible tener una LGB a la altura de los tiempos.

El marco jurídico requiere una visión estratégica que permita:(1) conservar la biodiversidad en su conjunto y la integridad funcional de los ecosistemas;(2) asegurar la continuidad en la provisión de los servicios ecosistémicos necesarios para la economía e indispensables para el bienestar de los mexicanos; así como,(3) ofrecer opciones de uso sustentable de los beneficios derivados de la biodiversidad. Considerar, explícitamente, que la biodiversidad se expresa en tres niveles: ecosistemas, especies y genes; que posee una dimensión ecológica y una dimensión evolutiva. Reconocer que nosotros, Homo sapiens sapiens, somos producto de la evolución y parte integrante de la compleja red de redes de todas las especies del planeta; que todas necesitamos unas de otras y que la extinción de especies —que las actividades humanas están provocando—, es una seria amenaza contra nuestra supervivencia en el futuro previsible.

Una lectura seria y atenta del proyecto de LGB permite observar que considera esta visión estratégica. Sin embargo, hace falta precisar muchos detalles y fundamentos para asegurar que constituya un avance en la legislación. Es indispensable que la LGEEPA conserve su calidad de ley marco y contenga todas las previsiones fundamentales sobre biodiversidad. No perder el contenido fundamental de la LGVS y hacer explícita la existencia de la Conabio y la CONANP como instrumentos institucionales clave. Elegir apropiadamente qué debe quedar en la Ley, qué en su Reglamento y qué en las normas oficiales mexicanas (NOM). Y aprovechar la coyuntura para modernizar los instrumentos claves de política para el uso sustentable de la biodiversidad, la vida silvestre entre otros.

Sobre este último punto, la posible desaparición de instrumentos de prohibición para la gestión de especies silvestresha generado ruido. Debate (pendiente) aparte, que la prohibición constituye una de tantas opciones en la «caja de herramientas» de la política pública para la protección de especies, algunos de los actores en escena—ruidosos «cotorros»—, abundan en fallas conceptuales, incurren en calumnias contra reconocidos especialistas en la gestión de la vida silvestre y confunden lo fundamental con lo subalterno. Al limitar su atención en las prohibiciones del artículo 60 de la LGVS, demuestran ignorancia de muchos otros instrumentos y pierden de vista lo fundamental: ¿cómo asegurar la conservación de los ecosistemas en donde habitan estas especies? Y, quizás más importante: ¿qué instrumentos de política utilizar paraenfrentar las grandes fuerzas conductoras de la economía y la sociedad que amenazan la conservación de estos ecosistemas?

*Coordinador Editorial del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente.

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