En medio de la emergencia sanitaria y económica, los temas de la vida cotidiana no se detienen, y con ellos, los grupos más retrógradas buscan llevar “agua a su molino”, promoviendo iniciativas de reforma legal en varios estados de la República, que buscan hacer del oscurantismo el criterio rector de la educación pública en nuestro país.

En efecto, ya son varias entidades donde diputadas y diputados que hacen gala de la más nefasta estupidez, han presentado iniciativas para promover el llamado “pin parental”, es decir, la pretensión de que las escuelas públicas les notifiquen de todo aquello que les van a enseñar a sus hijas e hijos, a fin de que las madres y padres de familia puedan objetar la enseñanza de la educación científica en materias como los derechos sexuales y reproductivos de las personas, o temas relacionados con la evolución de las especies.

El Diccionario de la Lengua Española define a la estupidez como “la torpeza notable en comprender las cosas”; y eso es lo que se encuentra detrás de este tipo de iniciativas que pretenden meter por la puerta trasera al sistema educativo nacional.

Lo absurdo del tema se encuentra no sólo en la absoluta inoperabilidad de este tipo de medidas (¿cómo enseñar cosas distintas a niñas y niños en un mismo salón?); sino, sobre todo, en la flagrante violación del contenido del Artículo 3º Constitucional, la cual establece que la educación debe basarse en los postulados de la ciencia, evitar el fanatismo y los dogmatismos, y promover la libertad y la igualdad, entre otros principios como la laicidad y rectoría del Estado en esta materia.

Resulta un despropósito que hoy, en la segunda década del siglo XXI, haya quienes pretenden que se enseñe, con el mismo estatuto epistemológico, a la teoría de la evolución y el mito cristiano de la creación, por ejemplo. Y es que la estupidez les impide darse cuenta de que la evolución no es una teoría, sino un hecho científico; lo mismo que el Big Bang, que no es una teoría, sino un hecho científico.

Lo que las y los diputados están proponiendo mediante estas iniciativas, no puede ser calificado sino como babosadas (en el sentido y tono en que podría incluirse ese término en u manifiesto estridentista), más aún en un contexto de crisis como el que vivimos, pues revela su frivolidad y estulticia al estar perdiendo el tiempo con estas sandeces, como si no hubiese auténticas urgencias que atender y resolver ante la epidemia de la COVID19.

La estupidez de los promotores de ese llamado “pin parental”, es relativa también a los contenidos de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º y el principio del Interés Superior de la Niñez, y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los que se establece no sólo el derecho a la educación, sino también los derechos a la libertad de conciencia y creencias, los derechos sexuales y reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, y otros preceptos que son inviolables e irrenunciables, si se hace caso al contenido del Artículo 1º de la Constitución en lo que establece respecto de los derechos humanos.

Tiene plena razón Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, al hacer un llamado a las entidades de la República a rechazar estas iniciativas; y por ello la SEP y el SIPINNA deben elevar aún más la voz para rechazar esta y otras propuestas que son más o menos similares.

Es momento de que las y los gobernadores y la Jefa de Gobierno, se pronuncien a favor de los derechos humanos; que no dejen pasar más estos temas en sus entidades; y que en caso de que algún Congreso retrógrada en lo local, apruebe una de estas tonterías, interpongan de inmediato su veto, o una controversia constitucional. En medio de la tragedia, si para algo no estamos, es para este tipo de estupideces.

Twitter: @SaulArellano
www.mexicosocial.org
Investigador del PUED-UNAM