“La expectativa de la sociedad de tener cobertura universal de todos los servicios es completamente legítima y es lo que nos movió a esta transformación (hacia el Instituto de Salud para el Bienestar), y el reclamo también es legítimo de tener los servicios ya”, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Empero, abundó, “no queremos que la población pierda la dimensión de que las cosas tienen sus tiempos, tenemos rezagos históricos, hablamos de décadas de abandono del sistema nacional de salud y capacidad reducida para proveer los servicios y eso obviamente no se soluciona de la noche a la mañana”.

Ante ello, dijo, la creación del Insabi es un punto de partida para cambiar el modelo de atención y de organización del sistema de salud, y a partir de ahí, ir articulando los elementos, de ahí que la fecha “crítica”, para la gratuidad en la atención especializada en el tercer nivel de atención en los institutos de salud y hospitales de alta especialidad, “es el 1° de diciembre del 2020. Ya no va a haber cuotas de recuperación o cualquier otro tipo de cuotas en la atención especializada”.

En entrevista, a su salida de la Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS, López-Gatell aseveró que la gratuidad en todos los niveles de atención es posible en la medida en que todas las entidades federativas se sumen al nuevo modelo y que los servicios estatales de salud que hoy son propietarios del patrimonio de las unidades proveedoras de los servicios de salud se incorporen al modelo “y esto permita que cada ciudadano en cada estado pueda tener acceso a los servicios gratuitos”.

Respecto a la postura de algunos gobernadores —quienes no aceptan el Insabi—, sostuvo que el gobierno federal respeta la soberanía de las entidades federativas, además, la reforma a la Ley General de Salud, no implica la obligación de sumarse a este nuevo modelo de salud.

Puntualizó que estados como: Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco han tenido algunas reservas que no son una negativa absoluta, sino que piden que hayan reglas más claras para la transformación del sistema.

Insistió en que se requiere de una armonización tanto reglamentaria como administrativa para que la ley de los institutos nacionales de salud no contravenga la disposición de la Ley General de Salud “establece con toda claridad sin confusión el mandato de que se provean servicios de salud gratuitos a la población en el momento en que los demande”.

Por ello, se trabajará en alinear aspectos reglamentarios y administrativos que permitan que estas cuotas de recuperación sean innecesarias y estos institutos y hospitales federales tengan la garantía de solvencia financiera por parte de la administración central de la secretaría de salud, que es lo que va a ocurrir, de tal manera que no tengan la preocupación de si les va a alcanzar o no el dinero.

Para ello, sostuvo que no desmanteló el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, sino se convirtió en el Fondo de Salud para el Bienestar y se tomó parte de esos recursos para invertirlos en mejora de infraestructura y capacidad de proveer servicios de salud, “de modo que cada peso gastado en insumos, consumibles y nómina tendrá un rendimiento muy superior”.

“Estos 40 mil millones de pesos no necesariamente se van a agotar este año, esto permanece como parte de las reservas y no deja de capitalizarse este fondo y una vez utilizados los 40 mil millones dispuestos para este año, de todos modos, el fondo tiene más de 50 mil millones que se siguen capitalizando y serán administrados con absoluta transparencia”.