Delia Montero Contreras*

Los derechos de propiedad son posiblemente la institución más relevante en lo que se refiere a la asignación y uso de recursos disponibles de una sociedad como lo es el agua. La clara definición de los derechos de propiedad constituye una ventaja, debido a que estipula con reglas precisas la transferencia de estos derechos, ya sea para la producción (a empresas), la distribución (a organismos operadores de agua) o el uso común como serían algunos sectores agrarios. La transferencia de los derechos de propiedad del agua permite su uso, el derecho a transformarlo (producción) y tener un usufructo debido a su venta.

El agua que se encuentra en todo el país, ya sea subterránea o superficial, pertenece a la nación y, únicamente el gobierno federal —en este caso a través de la Conagua— tiene el derecho de transferir los derechos de propiedad a sectores público, privado o social en todo el país a través de concesiones. En éstas se especifica el monto de metros cúbicos que se transfieren y se permite extraer, así como el tiempo que durará la concesión.

Al ser el Estado la única organización responsable de establecer el sistema legal que define y pone en marcha los mecanismos para cumplir la transferencia de los derechos de propiedad del agua, también tiene la responsabilidad de estar atento de que estas disposiciones se cumplan. Desde luego, al que se le transfiere el derecho de uso del agua también tiene la responsabilidad de cumplir adecuadamente con lo establecido en la concesión, ya que así como hay transferencia de derechos también hay obligaciones que muchas veces no se cumplen.

Definir claramente la transferencia de los derechos de propiedad del agua ayuda a evitar controversias tanto entre particulares como entre gobiernos locales. Esto denota una fuerte concentración de poder, si consideramos que únicamente el gobierno federal puede otorgar concesiones en todo el país.

Sumado a esta reglamentación centralista que comprende leyes y reglamentos formales, habría que considerar las costumbres o hábitos que han adoptado los diversos actores sobre los derechos de propiedad respecto a lo estipulado en la concesión, que puede ser un tema aún más importante que la parte legal.

Otro problema central de la transferencia de los derechos de propiedad de los recursos naturales en general, y en particular del agua, es principalmente una mala asignación, a los que se suman la falta de seguimiento y control de la transferencia del derecho a extraer agua, la centralización de los derechos de propiedad del agua y la falta de apego a las normas, verificaciones laxas y la corrupción rampante, por lo que tienen que ser estudiados cuidadosamente.

Lo que se observa desde hace varias décadas, específicamente a partir de la década de los ochenta, es que la transferencia de los derechos de propiedad está muy mal regulada en México. Si bien es cierto que el marco legal es muy claro, no lo es en la práctica para conservar un sano equilibrio entre extracción y recarga de agua con el fin de conservar el recurso de forma sustentable, y menos parece considerarse en ese esquema que todos los mexicanos deben tener acceso al agua, ya que es un derecho humano. Un caso revelador de las irregularidades en la transferencia de los derechos de propiedad del agua, fue la concesión de agua a la cervecera americana Constellation Brands en Mexicali —zona donde no abunda el agua—, en el sexenio pasado. Recientemente en una consulta pública se anuló la concesión por poner en riesgo el abasto de agua al resto de la población local en una zona donde la disponibilidad de agua es limitada, pero implicó una larga batalla por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil.

También podríamos mencionar la irregularidad en los derechos de propiedad de las empresas piperas que distribuyen agua en la Ciudad de México, donde muchas de ellas operan en la clandestinidad ya que en algunos casos llenan las pipas de tomas de casa habitación cuyo derecho otorgado por el organismo operador es de uso domiciliario y no para venta masiva, como se denunció hace unas semanas en la alcaldía de Venustiano Carranza y que deja sin agua a vecinos, sin que hubiera sanciones.

¿Porqué y cómo hemos llegado a esta situación? Una explicación de este fenómeno lo podemos atribuir a la centralización en la toma de decisiones y a la corrupción que impera en el sector público principalmente, problemas que se agravan en sexenio de la 4T. Desde tiempos de Salinas se observa un incremento en la transferencia del derecho a extraer agua a través de concesiones a las grandes empresas, pero a su vez se registra una disminución de presupuesto y personal en Conagua, por lo que se disminuyen actividades como monitoreo de las extracciones, de las concesiones, y actualización de multas por incumplimiento de lo estipulado.

Los gobiernos que le suceden y que también le apostaron al libre mercado, como los panistas y priistas, incrementaron las concesiones de agua, con pocas verificaciones sobre las cantidades extraídas de agua, o si se hacían y estaban fuera de la norma se hacían arreglos por fuera (corrupción). Esto ha sido una práctica muy común en todos los niveles de gobierno.

Actualmente, la situación es aún más difícil, ya que nos encontramos con un gobierno de la 4T austero, sin formación técnica capaz de realizar todos los monitoreos que se requieren y con corrupción, ya que ésta no desaparece fácilmente por decreto y con un presupuesto raquítico o, en términos del Presidente, de austeridad. La transferencia de los derechos de propiedad a sectores público, privado o social requiere, como toda actividad, de un monitoreo, de control en la extracción y en su caso de sanciones, y eso implica gastar en nuevas tecnologías y capacitación, si se quiere hacer del agua un recurso sustentable.

El gobierno federal tiene la responsabilidad de cuidar el agua, y una de ellas es a través de verificar todas las concesiones que ha otorgado al sector privado, público y social, ya que sin agua no hay vida.

*Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana