La semana que recién concluyó fue de definiciones en América Central. En Guatemala, la elección presidencial se resolvió a favor del ultraconservador Alejandro Giammattei, un médico con un oscuro pasado como carcelero y violador de derechos humanos, lo que le valió casi un año de cárcel a él mismo. Giammattei aprovechó el caos que ha sido el gobierno de Jimmy Morales, quien se despide con una aprobación menor al 25 por ciento, para alzarse con la victoria.

En Honduras, Juan Orlando Hernández se dejó ver en Washington, DC, para disipar los rumores acerca de su participación en los negocios turbios de sus familiares con el narco. La visita a la capital de EU incluyó una parada en la Organización de Estados Americanos, entidad que bajo el mando del chileno Luis Almagro ha ido de tumbo en tumbo, incapaz de desarrollar una práctica consistente de defensa de los derechos humanos.

En El Salvador, Nayib Bukele, hijo de migrantes palestinos, se convirtió en el presidente mejor calificado a escala global, gracias a una agresiva política de austeridad, que cerró la llave del dinero público tanto a la Alianza Republicana Nacionalista, como al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ambas formaciones políticas hicieron de la democracia una farsa que permitía que unos y otros disfrutaran de los recursos públicos como un botín dividido a mitades entre ambos. Bukele es tan popular en América Central, que en varias casillas instaladas en Guatemala el domingo próximo pasado, se encontraron votos a favor de Bukele.

La realidad centroamericana, siempre complicada y difícil, se ha agravado aún más por los excesos de Donald Trump. El más destacado, la manera en que torció las frágiles manos del aún presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para forzar el estatuto de “tercer país seguro”, que —de todos modos— Trump trata de imponer a Honduras, El Salvador y México.

Lo más grave es que lo hace mientras retira fondos para el desarrollo de esa región, para dárselos, en cambio, a sus peones en la oposición al gobierno de Venezuela. La más notable ausencia en todo esto es, desde luego, la de la OEA de Almagro. La ONU, gracias a la Comisión Económica Para América Latina, encabezada por la mexicana Alicia Bárcena, ha sido el único organismo multilateral que ha apuntado la necesidad de que las restricciones a la migración frente a la crisis de seguridad y la sequía que padece América Central vayan acompañadas de desarrollo y no sólo de medidas policiaco-militares.

El riesgo de insistir en la ruta policiaco-militar ha sido reconocido incluso por el presidente electo de Guatemala, el carcelero Giammattei, quien aceptó que era necesario discutir el acuerdo al que llegó Morales con Trump. Ello sin olvidar que el enfoque policiaco-militar también ya ha fracasado en Honduras, el narcoparaíso de la familia Hernández.

México en todo esto está lejos de ser un contrapeso. No podemos compensar las ayudas que Trump niega a El Salvador, Guatemala y Honduras para dárselas a la oposición a Nicolás Maduro. Nuestro país está atrapado en la dinámica que distingue a Trump y su gobierno, como lo acredita el giro de 180 grados que el gobierno federal dio en materia migratoria, y que hasta ahora ha traído más violaciones a los derechos humanos que, combinadas con el racismo a la mexicana, ha encontrado en los migrantes centroamericanos, haitianos y africanos atrapados en México, un blanco perfecto para su odio a pesar de que son personas cuyo único delito es tratar de sobrevivir, y a pesar de que hay cerca de 7 millones de mexicanos sin papeles en EU que sufren el mismo racismo.

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