El polémico artículo transitorio de la legislación secundaria de la reforma judicial, a todas luces inconstitucional y contrario al Estado de derecho en una sociedad plural y democrática, ha exhibido el contubernio entre el Poder Ejecutivo Federal y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es el principal beneficiario de la violación a la institucionalidad, que conlleva la ampliación de su mandato.

El ministro Zaldívar juega a ser el mártir de un supuesto ataque orquestado por los académicos y comentócratas que, según él, lo crucifican por negarse a intervenir en el proceso legislativo y no pronunciarse sobre lo evidente, la inconstitucionalidad del artículo transitorio, y preferir guardar su opinión hasta que la Corte resuelva sobre el particular.

El ministro utiliza un formalismo excesivo para evitar rechazar categóricamente la ampliación de su propio mandato y aduce que no puede hacerlo para no contribuir a la división de la República y afectar la imparcialidad de la acción de inconstitucionalidad que seguramente será promovida por la oposición política en las Cámaras.

Este vacío declarativo es llenado rápidamente por el Presidente López Obrador quien no duda en calificar de corrupto al ministro que se atreva, eventualmente, a decretar la inconstitucionalidad de una reforma legislativa que dejaría en el cargo al Ministro Zaldívar por dos años más alegando su probada honestidad y ser la pieza clave para la reforma judicial.

En la entrevista del viernes 23 de abril con López Dóriga, Zaldívar dijo que se excusaría para conocer del eventual procedimiento en contra del polémico transitorio. En un artículo en Milenio, se le olvida que está impedido para conocer cualquier juicio en el que se ataque una norma en la que se le involucra directamente.

El argumento para guardar silencio doloso parte de un supuesto equivocado y es falaz. Escribe Zaldívar “Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad como juez constitucional y como presidente de la Suprema Corte.” (Milenio 27-04-21).

Los que hemos manifestado nuestra preocupación por el artículo transitorio pensamos que no es taquillero denunciar una ruptura del orden constitucional, sino que es un deber hacerlo. Incluso muchos nos exponemos a ser calificados de conservadores y corruptos en el púlpito de la mañanera. La denuncia de las acciones políticas incorrectas del presidente y sus incondicionales es cada vez más riesgosa, en la misma proporción que se concentra el poder y quienes deben mantener el equilibrio prefieren mantenerse al margen.

El presidente ya señaló con su dedo flamígero a todo aquel ministro que se le ocurra determinar que el artículo transitorio a discusión es inconstitucional y quien lo haga es un enemigo de la transformación y amante de los privilegios y las corruptelas. Las palabras del presidente en la mañanera del lunes explican el silencio de Zaldívar, que está temeroso de contradecirlo y caer de su gracia y la división o bienestar de la República poco le importan.

La falacia es que un jurista -como él se concibe a sí mismo- no puede tener la conciencia tranquila cuando actúa contra su deber como juez constitucional de emitir su opinión en un proceso en el que no puede participar y manifestar lo que es “que el artículo transitorio es inconstitucional” tranquilizaría a la magistratura, al foro, a la academia y a todos los que están interesados en que México sea un país de instituciones y no de autonombrados salvadores de la patria.

Las personas son efímeras. Poco importa quien sea el beneficiado de la ampliación de mandato inconstitucional, lo trascendente es que permitirlo, tolerarlo o desentenderse de este hecho grave es una acción tan mala que en realidad oculta un interés inconfesable, como lo es el deseo de aceptar la ampliación del mandato, y solapa una estrategia perversa que impida la declaración de inconstitucionalidad basada en un tecnicismo jurídico o las palabras presidenciales que amenazan a los ministros.

La línea presidencial -Zaldívar es honesto e indispensable para la transformación- ocasionó que en la Cámara de Diputados se aprobara la minuta a pesar de los argumentos contundentes que demostraban la evidente violación del Estado de derecho y puede inducir a que haya tres votos de los ministros a favor de la ampliación del mandato que son suficientes para que no sea declarada la inconstitucionalidad del artículo transitorio.

La negativa de Zaldívar de fijar su posición no es resultado de un ejercicio responsable del cargo, sino todo lo contrario. Su actitud contribuye a que el presidente concentre más poder, que se elimine el equilibrio que existía entre el Ejecutivo y el Judicial y que la independencia de la SCJN se ponga en duda. La negativa es un interés disfrazado de responsabilidad. Nadie pide una confrontación política, sólo un posicionamiento personal que el ministro presidente le debe a la defensa del Estado de derecho.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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