Medios nacionales e internacionales mostraron al mundo fotografías y videos de un grupo de niños con rifles en una práctica de adiestramiento para defender a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero.

Aunque las edades de este grupo de autodefensa comunitaria oscilan entre los nueve y quince años, estremece ver a los más chicos con medio rostro cubierto con un paliacate, portando armas largas que apenas pueden sostener.

Es delicado lo que sigue sucediendo en Guerrero y en muchos otros territorios del país. Ciertamente no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana, como reza ya el lugarazo común de la mañanera, pero la seguridad es el problema y una de las principales promesas de campaña de AMLO fue combatirlo atendiendo sus causas: como el combate a la desigualdad que no sólo implica pagos asistencialistas, sino garantías de derecho de libre tránsito (caminos seguros), más centros hospitalarios, escuelas y apoyo para la libre comercialización de los cultivos “legales”. El gobierno federal ha dejado en el olvido el plan de regular el cultivo de la amapola en la región para fines medicinales, que además de un poco iluso, está detenido por los propios morenistas reaccionarios. En este plan podría incluirse el cultivo de cannabis y la opción de garantía de mercado legal para estos productos y otros como la papaya. Esto desde luego no implicaría una solución mágica a la problemática de la región, más ahora que el precio de la goma de opio se desplomó, pero una regulación sobre la siembra de amapola y cannabis en el país ayudaría a que los negocios conexos como el secuestro, derecho de piso, etcétera, puedan ser enfrentados con más éxito.

Llama la atención la acusación directa que realizó el dirigente de la Coordinadora de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC_PF), David Sánchez Luna a los responsables de la Guardia Nacional, cuyo patrullaje le permitió a integrantes de la misma, detener y liberar a uno de los líderes de Los Ardillos.

De manera muy sucinta, los orígenes de este grupo criminal podemos rastrearlos citando dos párrafos del colega de El País, Pablo Ferri, aunque advierto que recomendaría la amplia lectura de su artículo con casi dos años de vigencia titulado: Tres años después, la mafia sigue mandando en Chilapa. Cito:

“Los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, uno del PAN y otro del PRI, enfrentaron a los cárteles, les descabezaron. Presentaron a los capos ante las cámaras. Hicieron listas de los más buscados y pescaron a unos cuantos. En Guerrero, la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 fue un golpe certero al avispero. Algunos de sus viejos secuaces se fueron por un lado, otros por otro. De ahí surgieron Los Rojos, luego Los Jefes.

“Los Ardillos, en cambio, son una banda de secuestradores venidos a más. A su primer líder, Celso Ortega, le llamaban La Ardilla. Su hijo fue diputado local por el PRD.”

Pues venidos a más o no, los crímenes de estos delincuentes son atroces. El líder de la CRAC-PF le dijo a Carmen Aristegui en su programa de radio del pasado viernes que “(Los Ardillos) operan en varios puntos, entre ellos Chilapa y el principal dirigente es Celso Ortega Jiménez; le pedimos al gobierno que detenga a esa persona, que no pase lo que pasó el 8 de enero que fue detenido, por la Guardia Nacional, Ceferino González, y lo liberaron, no queremos que pase eso porque nos siguen matando a nuestros compañeros… le pedimos al gobierno federal que tome las cartas en el asunto’.

“De las 29 demandas que tiene la CRAC-PF para las autoridades municipales, estatales y federales, el dirigente resalta las relacionadas con Los Ardillos (consistente en) ‘desmantelar al grupo delictivo… instalando filtros de militares’ en varios puntos, así como la ‘detención’ a responsables del grupo delictivo Los Ardillos que atacaron a una comunidad, ‘(puesto que se trata de) los mismos que han secuestrado y asesinado a 28 compañeros en un año’”.

Se impone una reflexión: si el gobierno federal y estatal permiten la liberación y la operación de estos sanguinarios delincuentes (que recientemente asesinaron a diez músicos), y, paralelamente, sostienen un enfoque prohibicionista, más temprano que tarde iremos descubriendo hasta donde está permeada la 4T de los esquemas que tanto beneficiaron al PRI, al PAN y, en el caso de Guerrero y otros estados del país, al PRD.

En otras palabras: esos niños nacieron sin infancia, en territorios infestados de violencia bajo el dominio de grupos criminales que, gracias al jugoso negocio de la prohibición (defendido por facciones reaccionarias de Morena) y perversos negocios conexos, han fragmentado al país mediante la creación de territorios salvajes en los que el estado perdió presencia o se convirtió en descarado socio de los criminales como sucedió en sexenios anteriores, en medio de un discurso farsante que alcanzó la cúspide con Felipe Calderón, político torpe, hipócrita o cobarde como lo prueba la detención de García Luna acusado de toda la gama de crímenes que su jefe se encargaba de fustigar desde incendiarias palestras a las que le acercaban un banquito y un extinguidor.

Cuidado con caer en el mismo discurso.

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