Nada hay más vil que lucrar con una tragedia. Y eso es lo que muchos, entre la clase política y ciertos medios de opinión, de un lado, y el gobierno federal del otro, han hecho con la memoria de 109 víctimas de la explosión en Tlahuelilpan.

De un lado, sin el menor recato, la oposición ha buscado sacar el mayor provecho de esta desgracia, así sea no en pesos contantes y sonantes sino en rentabilidad política.

Acaballados entre la necesidad de parecer solidarios con el combate a un delito y el impulso irrefrenable de golpear al gobierno nomás porque sí, objeta con acritud la manera como está siendo atendiendo el problema del robo de combustible, y en especial la descomunal explosión.

Del otro lado, con idéntica finalidad, el gobierno —empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, ha usado el ingrato episodio como escudo frente la crítica y el cuestionamiento legítimo.

Por principio de cuentas, si bien como necesario recurso de defensa ante el sistemático golpeteo de sus malquerientes, el Jefe del Estado se ha esforzado para obtener la mayor ganancia de funesto caso.

Interrogado sobre si la tragedia pudo haber sido evitada —se entiende que en las circunstancias propias de la aciaga jornada del viernes 18— respondió con veracidad, pero con el sesgo de aquel a quien le preguntan qué hora es y contesta que está lloviendo en Tamaulipas.

“Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese habido ­corrupción, si no se llevase a cabo este robo de combustible, si la autoridad no lo hubiera permitido, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades”, dijo.

Todo lo cual es rigurosamente cierto pero no atiende al sentido del interrogante, orientado éste a indagar si en algún punto fallaron las acciones de atención a la emergencia. Y si esos eventuales errores son punibles.

La estratagema le resultó proficua al Jefe del Ejecutivo. Le reportó la invaluable utilidad de salir indemne del apuro.

Con la tragedia, puede decirse, no ha medrado sólo quien no ha querido. Lo han hecho, sobre todo, a más no poder, los políticos hidalguenses, de todos los partidos.

Algunos de esos personajes, incluso, arremeten sin recato contra el gobierno federal acusándolo de inepto u omiso, cuando la influencia social de cada uno de ellos no se vio por ningún lado en el escenario de la tragedia.

Recriminan esos señores en pos de dividendos políticos, la supuesta inacción del gobierno durante las cuatro horas en que centenares de personas se entregaron a una genuina fiesta del huachicol, aun bañándose en el letal géiser de gasolina con la euforia de deportistas rociándose con champaña.

Puestas así las cosas, cabe preguntar, ¿dónde estaban los hidalguenses diputados federales y locales, senadores, dirigentes estatales de partidos, exgobernadores y ex altos funcionarios de la Federación, que por lo visto no se enteraron a tiempo de la inmensa fuga de gasolina?

Políticos, todos ellos, que si no se enteraron menos aún pudieron percatarse de la inminencia de una catástrofe, de la cual, a toro pasado, facilonamente, se hacen lenguas diciendo que era previsible hasta para un ciego.

¿Cuáles son las conexiones de esos personajes con la realidad de las comunidades, distritos y regiones de su geográficamente pequeño estado, número uno —según Pemex—en robo de combustibles en 2018, con un total de ¡2 mil 121 tomas clandestinas!, ¡más de cinco cada día!; es decir, 1,352 por ciento más que 2014?

¿De verdad no hubo un alma que informase de la situación al exgobernador y exsecretario de Gobernación Miguel Osorio Chong? ¿Conocieron del estado de cosas en Tlahuelilpan los senadores Angélica García Arrieta y Julio Menchaca, de Morena, o la priista Nuvia Mayorga?

Ha sido lucrativa bonificación, por donde se mire, el sólo hecho de que hasta ahora estos políticos hayan podido pasar agachaditos y sin reproche público alguno por la grave situación de su estado, en especial del doloroso episodio de Tlahuelilpan.

Para no hablar de lo obvio: que recursos del jugoso negocio del robo de combustibles, como de cualesquiera otras expresiones delictivas, en todo el país, suelen financiar carreras políticas y nutrir campañas electorales sin reparar en colores partidistas.

Reglón aparte merece Xóchitl Gálvez, que con chaleco anaranjado y brazalete de protección civil, explosímetro y megáfono en mano, habló en la Permanente para decir que en lugar de militares y policías se hubiera enviado a técnicos al sitio de la pinchadura del ducto de Pemex. Y para recriminar que “Protección Civil nunca llegó".

Con la vasta red —es un decir— de simpatizantes y electores, cuyo apoyo ha capitalizado en las urnas, ¿recibiría la senadora perredista y expanista algún aviso de la explosiva situación? ¿Avisaría con oportunidad a las instancias que correspondía ­actuar para evitar la desgracia?

En la misma sesión legislativa el priista Jorge Carlos Ramírez Marín preguntó “¿por qué no se puso a salvo a la gente, aun contra su voluntad?", sin precisar de qué manera, si a empellones, bayoneta o bala.Habló también la perredista Verónica Juárez Piña, para acusar “fracaso del Estado", asegurar que hubo “omisiones que costaron vidas" y, en últimas, sostener que “la actual administración no está haciendo bien las cosas".

En las redes sociales el uso de la desdichada circunstancia ha sido indecente. De total irrespeto a las víctimas.

En el lugar de la explosión se congregó, es cierto, una muchedumbre en la que presumiblemente había de todo. Desde simples curiosos e imprudentes, hasta curtidos huachicoleros y personas que únicamente buscaban hacerse de gasolina por esos días inexistente en el mercado local. Todos ellos resultaron víctimas y merecen respeto.

Aun los francos delincuentes pagaron con su vida su delito. ¿Le parecerá poco este infortunio a los insolentes y maniqueos que —en otro ámbito— saturan las redes sociales con duros epítetos, o buscan sacar beneficio de la triste coyuntura?

Desde luego no dejaron pasar la oportunidad de sacar raja y tundirle al gobierno tuiteros compulsivos como Vicente Fox, su exvocero Rubén Aguilar, el poblano Javier Lozano —de quien no se ha conocido dato alguno sobre el intenso huachicoleo en su estado—, y Fernando Belaunzarán por sólo citar algunos nombres.Tan desconsiderado, grosero y aun inmoral ha sido el usufructo político de la tragedia y el trato de usuarios de las diversas plataformas tecnológicas hacia quienes perdieron la vida, que  el alcalde Juan Pedro Cruz Frías tuvo que salir a exigir respeto para fallecidos y deudos.¡Cómo estará la atmósfera cargada de oportunismo, que hasta el ombudsman Luis Raúl González Pérez posó de atento, independiente y autónomo, cualidades hasta ahora en él desconocidas!

Un poco de decencia de nuestra clase política no estaría de más en esta penosa circunstancia.

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