Más vale prevenir que lamentar, dicta un antiguo refrán que debe ser especialmente tomado en cuenta en la prevención del delito, ésta es la prioridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad al anticiparse a posibles hechos delictivos, con la finalidad de mantener el orden a nivel nacional, regional y local. El seguimiento a esta tarea frecuentemente la realizaban los investigadores, sin embargo, desde finales de década pasada y ahora con el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y del Big Data, las fuerzas de seguridad han empezado a desarrollar programas y métodos informáticos capaces de predecir las posibilidades de un determinado delito, a partir del desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

En el mundo existe un sistema de  análisis predictivo, es decir, “el uso de técnicas de análisis, en particular técnicas cuantitativas, para identificar objetivos potenciales que requieren la intervención policial, además de prevenir delitos o resolver crímenes pasados mediante pronósticos estadísticos”, basado en el principio de repetición, según el cual los delincuentes tienden a desarrollar un comportamiento reiterativo cuando su metodología criminal resulta ser eficaz.

El primer país en utilizar estas técnicas fue Estados Unidos; en Europa, en 1994, Francia fue el que implementó el primer programa de análisis predictivo del continente. Hoy en día, 10 de los 28 estados miembros de la Unión Europea, han adoptado alguna técnica de análisis predictivo, contabilizándose alrededor de veinte programas en funcionamiento.

Se trata de un modelo matemático que utiliza múltiples fuentes de información como: expedientes policiales, datos socioeconómicos, urbanísticos y geográficos, generando mapas de identificación con el fin de determinar las zonas más probables en donde puede tener lugar un delito.

Existen algunos otros similares, como el sistema matemático que con el uso de un algoritmo asigna a las unidades policiales un área de patrulla con base en nivel de riesgo extraído del historial de los actos delictivos cometidos en ese territorio, sin embargo, ese sistema está todavía en fase de estudio y no se ha desarrollado como un programa informático.

Aún faltan pasos por recorrer en el ámbito del análisis predictivo, pero se nota que su implicación hacia esta tecnología va en aumento. Este fenómeno no sólo ejemplifica un desarrollo tecnológico, sino que es síntoma de los nuevos retos que afronta el sector de la seguridad, pues sus fuerzas (de seguridad) son cada vez menos reactivas y más enfocadas en la prevención.

Sin embargo, a la luz de estas experiencias y por la complejidad del fenómeno, las TIC tendrían, además, que ser utilizadas en los procesos formales e informales de enseñanza-aprendizaje establecidos para la prevención del delito; su aplicación podría dirigirse a desarrollar e innovar herramientas interactivas que fomenten en la educación básica, media superior y superior, el desarrollo y la práctica social de competencias basadas en valores éticos y morales básicos; en la promoción del manejo adecuado de las emociones y la resolución pacífica de conflictos; en la negociación como un trabajo de interacción para obtener beneficios mutuos; en  la toma de decisiones racionales, y en el fomento de una cultura de la legalidad.

Algunos datos al respecto: en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (en términos relativos, representa el 35% de la población), los cuales, en su mayoría, enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela; problemas de salud como la obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a este sector de la población y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.

Siguiendo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), advierte que 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada. Respecto a la violencia en el hogar,  14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas, 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, 10.1 % sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.

En relación con el acoso escolar, 22.6% manifestó haber sufrido burlas o recibir apodos ofensivos; 15.7% padeció el rechazo de los compañeros y compañeras; a 15% le prohibieron participar en juegos, deportes o actividades en equipo, y a 12.5% le han pegado, empujado o amenazado.

Así, el nuevo enfoque educativo de la prevención del delito, permitirá acercarnos y superar esa apariencia oculta de las causas de este fenómeno, develándola a luz de la formación de profesionales y con la multiplicación y adecuación de prácticas exitosas, con perspectiva de género, participación ciudadana y gobernanza.

En el país se han abierto algunas licenciatura con la denominación de Seguridad Ciudadana, que es el título que otorga la Universidad de Guadalajara, cuyo perfil del egresado se establece como altamente capacitado para: contextualizar la violencia y la inseguridad ciudadana desde una visión sistémica de seguridad; identificar y evaluar amenazas y factores de riesgo que enfrentan  la sociedad, los individuos y, particularmente, los grupos altamente vulnerables, y para diseñar e intervenir  en prácticas que generen y fomenten la convivencia armónica en la sociedad actual.

Se les proporciona las herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para generar estrategias de organización y coordinación entre el sector gubernamental con el social y el productivo para el manejo innovador de la violencia e inseguridad ciudadana, y proponer y generar alternativas de gestión y colaboración policiales en el ámbito internacional, nacional y local, que involucren a la ciudadanía y a las autoridades.

Así como proponer estrategias en el manejo sistemático de la información, con el uso de tecnologías apropiadas para la prevención, procuración e impartición de la justicia penal y la política penitenciaria, además de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y justicia penal, desde una visión transdisciplinaria y en estricto apego a los derechos humanos.

Como decíamos, con el nuevo enfoque la educación para la prevención del delito con la utilización de las TIC no debe quedarse en lo teórico conceptual, abstracto y superficial; en el nivel de educación superior, además de innovar el servicio social y las prácticas profesionales, se hace necesario programas de intervención, investigación y acción participativa a través de estancias prácticas que permita un acercamiento con la realidad del fenómeno y de sus actores tanto tradicionales como emergentes; que contribuya al diseño y practica de políticas públicas efectivas, eficaces y trascendentes en materia de prevención del delito, edificadas con diagnósticos situacionales focalizados sobre factores de riesgo, violencia e inseguridad desde al ámbito familiar, comunitario y social, aunado a las acciones de capacitación y sensibilización de servidores públicos, rendición de cuentas y participación ciudadana.