En días pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la revocación del permiso a más de 200 médicos que fungían como “terceros autorizados” para llevar a cabo exámenes psicofísicos integrales a los operadores de transporte federal, quienes son los encargados de dictaminar si un conductor de transporte público es apto o no para realizar su trabajo.

Como en todos los casos de desaparición de programas y servicios públicos de este sexenio, la excusa es el grado de corrupción que podría existir o existe en el sistema. Y como ya se hizo costumbre, al más puro estilo Pancho Villa, los “fusilan y después viriguan”. El propio director general de Protección y Medicina del Transporte, el exastronauta Rodolfo Neri Vélez, salió al paso y dijo que harán una auditoría y sobre ello se determinará lo que proceda. Mientras tanto, el programa desaparece.

El problema no es, desde luego, que se quiera limpiar de corrupción cualquier área de la administración pública. Esto es necesario y urgente. Ya desde mucho tiempo antes se habló de la discrecionalidad con la que el extitular del área, José Valente Aguilar Zínser, solía actuar, y las muchas protestas que suscitó su largo paso por este puesto, del 2001 al 2018, y donde muchas de las acciones que le dieron fama y lustre a la Medicina de Aviación mexicana fueron desaparecidas o minimizadas.

Para entender un poco el tema, habría que remontarnos a 1978, cuando el Centro Nacional de Medicina de Aviación (CENMA) llegó a convertirse en la institución líder en la formación de profesionales de la medicina de aviación, aeronáutica y aeroespacial en el mundo. En esa época se ofrecían cursos con la UNAM, donde se educaron los profesionales de México y América Latina que después crearon los departamentos médicos de las autoridades en la materia.

Después el CENMA fue absorbido por la Dirección de Medicina del Transporte y empezó a perder calidad y especificidad (por razones obvias) y los profesionales al servicio del gobierno fueron escaseando, al punto en que se juzgó conveniente abrir a los “terceros autorizados” la labor de vigilar y certificar la aptitud de los conductores de transportes federales.

Pero para fungir como “tercero autorizado” es indispensable contar con la preparación profesional pertinente y el equipo médico de alto costo, lo que además se complicaba por los muchos obstáculos que se crearon artificialmente para inhibir la competencia, entre ellos el cambio de la currícula de la especialización y una serie de trabas que sólo lograban superar los cercanos.

Pero el tema se agrava porque, como sucede en todo el espectro de salud en México, no hay suficientes médicos sindicalizados adscritos a los departamentos que prestan los servicios, de modo que la medida entorpecerá aún más los exámenes médicos y deja en la indefensión a varios médicos que cumplieron con todas las especificaciones y gastaron parte o todo su patrimonio en montar sus consultorios. Hay que limpiar, sin duda, pero hay que saber distinguir el trigo de la cizaña.

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores  su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.E-mail: raviles0829@gmail.com
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