El pasado miércoles 18 de septiembre la casa de subastas Millon, con sede en Francia, puso a remate un lote de piezas precolombinas, en su mayoría procedentes del sur y sureste de México, pese a las gestiones hechas por la diplomacia mexicana ante el Ministerio de Justicia de aquel país y ante la UNESCO para suspender la especulación del patrimonio.

De acuerdo con Jorge Sánchez Cordero, abogado especialista en patrimonio cultural y mediador y conciliador de la UNESCO para la reintegración de los bienes culturales a sus países de origen la intervención del gobierno de México es una acción “eminentemente simbólica: envía un mensaje a la comunidad internacional acerca de que milita fuertemente en contra del tráfico de bienes culturales”. Sin embargo, “desde el punto de vista jurídico no había posibilidades técnicas de que procediera la restitución de ese lote en concreto”.

Además, precisa Sánchez Cordero, México no consideraba indexados los bienes en cuestión, por lo que no podía abrir una controversia al no haber ratificado el Convenio Unesco-Unidroit de 1995, siendo su única vía de reclamación lo estipulado por el derecho francés, el cual admite la buena fe del particular en la posesión de un bien: “México debía demostrar que el bien o fue robado o fue ilícitamente exportado”.

De acuerdo con Sánchez Cordero, entre las medidas que México requiere adoptar para impedir el tráfico de bienes culturales están las de reforzar la seguridad de las zonas arqueológicas y pensar seriamente en desarrollar un cuerpo de prevención, investigación, persecución y procesamiento de los traficantes de bienes culturales en territorio mexicano:

“En Italia, por ejemplo, los carabinieri son un grupo de élite del Estado y han desarrollado uno de los grupos más sofisticados para salvaguardar su patrimonio”.