México no debe aceptar, por ningún motivo, ser un Tercer País Seguro, si tiene la capacidad para dar cabida a miles de migrantes que buscan refugio mientras se resuelve su proceso de asilo en Estados Unidos, siempre y cuando las autoridades federales sepan qué hacer con la actual política migratoria que parece que es continuación de las administraciones pasadas. La Federación debe mantener su postura firme y no seguirle el juego a Estados Unidos ni hacer su trabajo como es el que realiza la Guardia Nacional en ambas fronteras, dijo Ana Saiz, representante de la organización Sin Fronteras, durante la conferencia El costo del acuerdo migratorio México-EU y en el que participaron otras organizaciones civiles involucradas en el tema.

La activista consideró que es ilógico que México, con la capacidad y atención a los derechos humanos que tiene, cuente con sólo el 1% de población migrante y no se sepa cómo actuar frente a la situación que se vive con grupos de migrantes centroamericanos que van de paso por suelo nacional y que buscan asilo en Estados Unidos.

Ana Saiz comparó el 11% de población migrante que tiene Francia y del 10% de España y cuestionó que en México, con un porcentaje mínimo, no se sepa cómo garantizar la atención, alimentación y trato a miles de migrantes en los 53 centros de atención, donde sus condiciones son precarias.

Asimismo, refirió que las atenciones en las oficinas dependientes del Instituto Nacional de Migración han colapsado en la realización de trámites, dado que los equipos y el personal con los que se cuenta es insuficiente, lo que alarga las respuestas de refugio que esperan lo migrantes.

La representante de Sin Fronteras subrayó que es muy grave que el gobierno federal vaya a recibir a migrantes que son devueltos por EU mientras se resuelve su proceso de asilo a través de la frontera de Matamoros, en Tamaulipas, una zona considerada peligrosa y de alto riesgo en inseguridad y que está cerca de San Fernando, región donde fueron asesinados decenas de migrantes en 2010.

Asimismo, subrayó que el artículo 52 de la Ley de Migración establece la garantía para todo extranjero y cuya vida corra peligro, que debe ser acogido y protegido por el Estado mexicano y no ser repatriado a sus países, que es lo que está ocurriendo aquí en la frontera norte y sur, lo que viola en todo sentido sus derechos humanos.

En el mismo tenor se pronunciaron los representantes de las otras organizaciones participantes, como el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Colectivo de Observación y Monitoreo de DH del Sureste Mexicano, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C: y Asylum Acces México.