La Secretaría del Medio Ambiente develó seis regiones del país con emergencias ambientales y sanitarias, en las cuales se han documentado casos de cáncer o problemas renales entre la población, así como niños con exceso de plomo en el organismo.

El titular Víctor Manuel Toledo calificó los asuntos como “infiernos ambientales, donde ciudadanos están afectados por la contaminación industrial, con niveles realmente extremos de contaminación de agua, suelo y tierra”, y pidió al Ejecutivo federal impulsar ya una acción conjunta en beneficio de damnificados:

“Presidente, vamos a tener que generar proyectos muy enfocados al tema de estas emergencias, en colaboración con la Secretaría de Salud”.

Las zonas críticas son Tula, en Hidalgo; el Salto, en Juanacatlán (Jalisco); la Cuenca Independencia, en Guanajuato; la franja del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, así como Coatzacoalcos, Veracruz.

“Llevaban 20, 30 años sin ser atendidos, esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores”, dijo.

INCUMPLE GRUPO MEXICO. Un expediente adicional, plagado de anomalías, es el relacionado con el derrame en el río Sonora, cuyo responsable es Grupo México de Germán Larrea. Hasta el momento, la Semarnat ha corroborado un faltante de 800 mil millones de pesos del fideicomiso comprometido por la compañía para resarcir parte de los daños a la ciudadanía.

El considerado “peor desastre ambiental es la historia de la minería en México” ocurrió en agosto del 2014: 40 millones de litros de lixiviados de cobre provenientes de la mina Buenavista del Cobre impactaron a unos 25 mil habitantes de siete municipios de Sonora: Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Huépac.

“El fideicomiso se extinguió en 2018 y las autoridades ambientales de ese entonces consideraron que se había cumplido la remediación. Cuando se celebró el convenio entre la Secretaría y la empresa, ésta comprometió dos mil millones de pesos. Se inició sólo con 500 millones; al final se ejercieron alrededor de mil 200, faltó que se aportaran 800 millones”, detalló Blanca Alicia Mendoza, Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

“No fue un acuerdo de voluntades entre particulares o para resolver una cuestión mínima. Fueron actos de autoridad y se trata del reconocimiento como responsable de daño ambiental, por eso ofreció hacer los pagos, pero no es posible identificar su efectividad ni se cuenta con padrón completo, por eso hay población inconforme”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo ya este caso, para determinar si se trató de un fideicomiso privado o un acto de autoridad, como considera el actual gobierno federal.

En el primer año de la administración la Secretaría ha atendido 44 conflictos ambientales, la mayoría derivados de la explotación minera indiscriminada. Sobresalen disputas en la zona yaqui, en la comunidad de Temacapulín (Jalisco), en 14 comunidades de Copuda (Oaxaca), en el lago de Pátzcuaro y en Xalapa, Veracruz.

“Si obtener crecimiento significa dañar al medio ambiente, no lo aceptamos. Lo más importante es cuidarlo, así como la salud de las personas”, indicó AMLO.

FÁBRICAS PÚBLICAS DE AUTOS ELÉCTRICOS

Para la Semarnat, el litio se convertirá en el nuevo petróleo, porque es base de los acumuladores para autos eléctricos; uno de los proyectos es producirlo en fábricas públicas. Además de Bolivia, nuestro país es rico en yacimientos de este elemento, así como en captación de energía solar, en especial en los desiertos del noreste.

CONMUTACION DE MULTAS

La institución contempla conmutar multas a infractores ambientales, a cambio de tecnología -como drones- para trabajos de inspección.