Luego de intensas revisiones al predictamen de la iniciativa de ley denominada Chambeando Ando, presentada por la líder de comerciantes ambulantes, Diana Sánchez Barrios, ante el Congreso de la Ciudad de México, diputados de Morena y de las otras bancadas le dieron carpetazo a la propuesta de regular el comercio informal en la Ciudad de México.

Asesores técnicos de diputados de diversas bancadas esbozaron una primera observación: “Que sea preferente no quiere decir que se tenga que avanzar en su dictaminación ni mucho menos aprobar, porque hay otras iniciativas ciudadanas que se analizan”.

Otras fuentes señalaron que ese proyecto ya es “letra muerta”.

El pasado viernes, durante una sesión de una mesa técnica donde asesores de los diputados de la capital del país, Víctor Hugo Lobo Román (PRD) y Margarita Saldaña, del PAN, explicaron a la hija de Alejandra Sánchez Barrios que su iniciativa deberá llevar su tiempo, pues los legisladores deben analizar otras propuestas en materia de regulación del espacio público, pero ésta insistía en que legisladores locales de Morena, como Norberto Nazario, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, debían estar presentes en esa reunión y que les habían fallado, pero lo que no tenía claro, pese a las aclaraciones, es que ese encuentro sólo le atañía a los asesores, por eso era una “mesa técnica”.

Sánchez Barrios trataba de imponerse a los expertos, pero fue el asesor de Lobo quien terminó la confusión de la lideresa: “Vamos a tomar en cuenta las propuestas que están en el predictamen, necesitamos evaluar. A mí nadie me dijo que vendrían los diputados. Esto es una mesa técnica”, le dijo a Diana a una comitiva de líderes de su gremio que se expande por toda la ciudad, incluso entre sus acompañantes se encontraba el exconstituyente priista Isidro Cisneros, quien fungió como su intermediario ante la mesa de expertos, como fue difundido por la red social de Facebook.

En tanto, este martes, la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-Ciudad de México exigió al Congreso capitalino que deseche el predictamen de la Iniciativa de ley que regula el ejercicio del comercio y trabajo no asalariado en la vía pública de esta ciudad, al pretender adjudicar el espacio público a los intereses de quienes han controlado el comercio y actividades económicas de forma irregular y en la vía pública; porque es una ley que desincentiva la actividad de la economía formal en la ciudad y, porque se debe partir de la regulación gradual en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social y no al contrario.

En conferencia de prensa virtual, Claudia Guzmán González, titular de esa comisión empresarial, destacó la contradicción entre lo que establece la constitución de la CDMX y el dictamen que se encuentra en discusión, ya que, explicó, existe una correspondencia entre lo que es la concepción del Derecho a la Ciudad y la concepción de Espacio Público.

Explicó que el proyecto de decreto sobre la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México, presentado por la ciudadana Diana Sánchez Barrios, y la iniciativa ciudadana sobre la Ley de trabajadores no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público, reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política local, impulsada por la diputada María de Jesús Rosete Sánchez, representan un inminente riesgo para la competitividad, la seguridad pública, el desarrollo urbano y los programas de desarrollo parcial, además de que no contemplan los riesgos de protección civil y los programas de planeación de la Ciudad.

“El espacio público corresponde a una parte fundamental del Derecho a la Ciudad, por lo que regularlo y regular las actividades que se pueden o no desarrollar en él afecta directamente el ejercicio de otros derechos”, destacó Guzmán González a nombre del sector empresarial de la CDMX.

Puntualizó que lo ideal no es generar nuevos espacios en la vía pública para el ejercicio de este tipo de comercio y trabajo no asalariado, sino que se debe únicamente regular el comercio en la vía pública existente y el trabajo no asalariado a partir de políticas encaminadas a la regularización”.

La representante empresarial Claudia Guzmán planteó cuatro puntos a partir de los cuales el Congreso debe trabajar en establecer un piso parejo en la actividad económica de la Ciudad, evitando leyes desiguales, por un lado con un exceso de regulación como lo es la Ley de Establecimientos Mercantiles, frente a esta iniciativa que no promueve el crecimiento económico de la Ciudad.

Que se considere en esta ley la voz de la ciudadanía, a los pueblos indígenas, originarios y barrios y su relación con el espacio público, promoviendo su participación en la planeación y respetando los programas ya preexistentes de desarrollo parcial.

Al Congreso local para generar un verdadero debate en las Comisiones del Congreso, y evitar que se contrapongan con otras iniciativas en proceso de dictaminación y, especialmente, que se deseche la discusión de este dictamen pues representa un incentivo a la informalidad y a la construcción de clientelas políticas, porque la figura de asociaciones no es en absoluto un mecanismo de protección de derechos, sino que obedece al control de no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia y comerciantes en la vía pública, a través de la figura de agremiados, pues es través de las asociaciones como pretenden el otorgamiento de los permisos que la autoridad determine y no a los trabajadores de manera directa.

El respeto a leyes ya existentes, así como iniciativas que observen el crecimiento, la competitividad y los empleos formales, a fin de disminuir el crecimiento del comercio hasta ahora informal y el trabajo no asalariado en la vía pública, así como contar con padrones transparentes, registrados fiscalmente, que paguen impuestos y cumplan con todas sus obligaciones fiscales.

A estas peticiones también se han sumado otros organismos empresariales, como la Canirac y la Amazoc.