Sergio Moro, el exjuez brasileño que llevó a la cárcel al expresidente Lula da Silva —y fue “premiado” por el presidente Jair Bolsonaro con el cargo de ministro de Justicia de Brasil— denunció ayer ante el Senado que era víctima del “revanchismo” de un “grupo criminal”, del que no dio el nombre, pero que, aseguró, pretende “atacar” la “lucha contra la corrupción” que él encarnó con la operación Lava Jato, la mayor redadada judicial contra la corrupción de la historia de Brasil.

Moro, de 46 años, compareció a petición propia en la Cámara alta de Brasilia para decir que no son auténticas las grabaciones donde se le escucha dar consejos a los fiscales sobre cómo actuar para meter a la cárcel a Lula y evitar así que se presente a las elecciones de octubre del año pasado, que habría ganado con comodidad, según las encuestas.

“No sé si han sido manipulados porque no conservo los originales”, declaró quien fuera juez estrella de Brasil sobre las cintas donde están grabadas sus conversaciones con fiscales del caso Lula, y que fueron publicadas por el portal de investigación The Intercept Brasil.

Esos mensajes, según el responsable de la denuncia, el periodista Glenn Greenswald, fueron obtenidos con un hacker anónimo, aunque Moro, al comparecer ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, dijo que se sospecha de que en realidad se trata de un “grupo organizado” que pudiera pretender “minar los esfuerzos anticorrupción” de la “sociedad brasileña”.

Moro volvió a negar que hubiera acordado acciones de Lava Jato con los fiscales del Ministerio Público, aunque admitió que conversaba con ellos sobre la marcha de los procesos. “Eso es normal en la tradición jurídica de Brasil y de otros países”, afirmó.

Sin embargo, los abogados de Lula pedirán la anulación del proceso contra el líder izquierdista, señalando que es ilegal que un juez diga a un fiscal lo que debe hacer para perjudicar al acusado.