Uno de los problemas que más aquejan a la industria publicitaria, que no es ajena al general de los demás rubros de la cadena productiva, es el hecho de que sus bondades hayan sido utilizadas en los últimos años, y en especial por el sector público, para disfrazar presupuestos y llevar a cabo grandes acciones de corrupción.

Es definitivo que el mayor de los anunciantes en México es precisamente el gobierno federal, así como los estatales para cada localidad, aplicando cientos de miles de millones de pesos destinados no sólo a la planeación estratégica, creatividad y producción de materiales, también destaca la inversión en los medios tradicionales y de nuevas tecnologías que se destinan para dar a conocer tanto las acciones y avances de gobierno,  como los programas sociales y, evidentemente, las elecciones de todo tipo.

Históricamente una agencia o publicista es tocada (o) por la mano de Dios, como podría  haber sido con La Chaneca, que diseñó la campaña del actual presidente ya que comienza a trabajar las estrategias publicitarias de un candidato que al llegar privilegia a la agencia en cuestión dándole todo el juego posible por el periodo de su administración. Es decir, seis años de auténtica abundancia en donde tiene para dar y repartir.

Ejemplos más sobran en cada sexenio de agencias privilegiadas con este pacto y que al término de la administración presidencial cierran dejando a su director lo suficientemente satisfecho en materia económica como para no volver a trabajar y retirarse a vivir de sus rentas. Y si bien, como afirmo, ejemplos sobran, no es la idea ventanear a nadie.

Ahora bien, la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una iniciativa que debiera considerarse como adecuada. La bandera de esta nueva administración es el “Ataque Frontal Contra la Corrupción”, insisto, uno de los mayores males que nos aquejan como sector. Siendo así la promesa presidencial y considerando que es el gobierno federal el mayor de los anunciantes e inversores, ¿no sería adecuado trabajar de la mano del Estado un nuevo Código de Ética y Anticorrupción que transparente el actuar del propio gobierno frente a la selección de agencias que trabajaran para el Estado y la supervisión en la asignación de presupuestos?

Si el Gobierno, insisto, es el mayor de los anunciantes e inversores en medios, sus presupuestos debería derramarse de forma transparente y adecuada beneficiando a la industria de la comunicación en lo general, es decir, que podrían participar diversas agencias reconocidas y formalizadas, así como los medios de comunicación, evitando, como sucede hasta ahora, que sean apenas unas cuantas, o una sola, las agencias que se llevan el cien por ciento de los presupuestos y contados los medios que gozan de las jugosas cifras de inversión.

La selección de agencias que desearan colaborar con el gobierno, debería ser transparente y contar con las cartas credenciales que las reconozcan como organizaciones serias y profesionales, con la experiencia y perfil necesarias para poder atender de manera eficiente y oportuna a las estrategias de comunicación de todas y cada una de las dependencias, no pudiendo una misma agencia trabajar dos o más dependencias de forma simultánea. De igual forma, tampoco debieran participar agencias de reciente formación y sin experiencia probada en la materia, ya que el compadrazgo y oportunismo son las constantes de los gobiernos que hacen a sus compadres y amigos, los publicistas del momento.

Así mismo, es de destacar que la asignación de presupuesto a medios también debe ser transparente y aplicado bajo el mayor rigor de perfil. Es decir, los medios deben atender en alcance y frecuencia, además de uso correcto en la aplicación,  las iniciativas y necesidades reales de comunicación de cada dependencia, al tiempo que las negociaciones tendrían como base beneficios concretos e integrales.

De esta misma manera, debe distribuirse el presupuesto de forma equitativa y prudente en aquellos medios que garanticen el impacto y la respuesta positiva a cada campaña, tema que al día de hoy es simplemente impensable ya que las campañas son:

A) Ineficientes, b) Creativamente pobres, c) Pésimas ejecuciones en medios, e) Beneficiadoras de medios seleccionados, f)Distractor de Presupuestos, sólo por mencionar algunos puntos.

Es por tal razón, que urge una iniciativa para apoyar al Estado y la administración del presidente López Obrador, en cuanto a la aplicación correcta y transparente tanto de los recursos estratégicos y publicitarios, como de negociación, distribución y ejecución de los recursos de inversión para producción y medios, todo ello con el objetivo de trabajar transparente y eficientemente a favor de las necesidades del Estado y del público a quien se dirigen sus mensajes y, en consecuencia, consolidar una derrama de inversiones equitativa y justa hacia el sector nacional de la comunicación, todo ello entre muchos beneficios más.