La semana que recién concluyó, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (­Envipe)2019. Aunque la encuesta se levantó entre marzo y abril de 2019, y los datos de percepción de la seguridad pública y desempeño de las autoridades corresponden ya a los primeros meses de la actual administración, la información en materia de victimización corresponde a los últimos once meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, Envipe 2019 no hace otra cosa que confirmar el profundo deterioro de la seguridad pública y otros aspectos de la vida asociada en México, que explican el resultado—devastador por donde se le quiera ver para el PRI y el PAN—de las elecciones de julio de 2018. Si alguien todavía tenía dudas de por qué el resultado de la elección del año pasado, Envipe ofrece una especie de tomografía de las condiciones que explican ese resultado.

El número de hogares víctimas de algún delito se mantiene básicamente intocado desde que inició Envipe en 2012, con cerca de una tercera parte de los hogares mexicanos (cerca de 12 millones de hogares) como víctimas de algún delito. La tasa de víctimas registró una ligera reducción, nada para echar las campanas a vuelo, pues pasó de 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes a 28 mil 269 víctimas. Es decir, en 2017, hubo 25.4 millones de víctimas contra 24.7 millones en 2018.

En total, 21 entidades de la república salieron tablas, en dos hubo aumentos en el número de víctimas y en nueve hubo ligeras reducciones. Entre esas nueve están Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, entre otras. Las dos con aumentos fueron Durango, con once por ciento; y Colima, con un incremento de ocho por ciento en el número de víctimas.

Las peores entidades para vivir, dadas las tasas de víctimas reportadas por Envipe 2019 son: la Ciudad de México, con 42.6; el Estado de México, con 41.4; y Baja California con 33.8 víctimas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años. Cuando considera uno las zonas metropolitanas, las peores son el poniente de la Ciudad de México (Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), los municipios del Estado de México conurbados en la zona metropolitana, el oriente del ex DF (Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco) y Hermosillo, Sonora, con tasas de 56.4, 44, 43.7 y 41.1 víctimas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años, respectivamente.

Al considerar el tipo de delito más frecuente, el robo en la calle o en el transporte público sigue siendo el rey, al concentrar poco más de uno de cada cuatro delitos (28.5 por ciento), seguido por la extorsión, el fraude, el robo de vehículo, las amenazas y el robo en el hogar, con 17.3, 14.3, 11.5 y 6.9 por ciento. No se necesita ser Einstein para darse cuenta de que si se mejorara la calidad del transporte público en las ciudades de México podríamos avanzar en la solución de varios problemas, al menos.

Por una parte, se reduciría la presión para depender del uso de automóviles privados, que tiene efectos ecológicos devastadores; por otra parte, se mejoraría la productividad del país, pues las personas no perderían el tiempo que se pierde por la mala calidad del transporte y las mujeres no serían, como son ahora, blanco fácil para distintos tipos de violencia que ocurren hoy por las características infames del transporte público en México y se reduciría la incidencia de los delitos en ese espacio. ¿Qué se necesitará para que nuestros gobiernos, el federal y los estatales, se den cuenta de ello? ¿Más datos?

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