A 11 años de la tragedia del News Divine, en la que 12 personas perdieron la vida y otras 16 quedaron gravemente lesionadas, la impunidad y la injusticia es lo único que impera.

No hay responsables —ya sean mandos, funcionarios o policías— detenidos. El único que purga una condena es el administrador de la discoteca: Alfredo Maya Ortiz.

Paradójicamente, las personas que estuvieron vinculadas en el operativo fatídico o encargados de hacerles justicia a las víctimas continúan libres y en algunos casos hasta desempeñando cargos públicos en la actual administración.

Por ejemplo, Francisco Chíguil, responsable de la apertura del antro cuando era delegado de la GAM —a pesar de presentar irregularidades y no cumplir con los reglamentos de Protección Civil— es alcalde del mismo territorio. Lo anterior, a pesar de que los familiares de las víctimas exigieron de manera reiterada que se le investigara por la reapertura del inmueble bajo el expediente SDR/E/353/07.

Asimismo el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien prometió llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, es actualmente el encargado de Relaciones Exteriores.

En tanto, lo último que se supo del exjefe de la Policía, Joel Ortega, fue que se desempeñó como encargado de seguridad en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

El exprocurador Rodolfo Félix Cárdenas realiza labores en la Escuela Libre de Derecho.

Y el juez Rafael Guerra fue elevado a magistrado y ahora es el encargado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La cosa no para ahí. Desde enero de 2017, a Guillermo Zayas González, entonces encargado del Programa de Mando Único de la Policía (UNIPOL), actualmente sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, no se le encuentra.

Y el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, quien supuestamente tenía que velar por los derechos de las víctimas, es ahora diputado.

El médico legista Francisco Javier Casiano Guerrero, acusado de haber desnudado a menores de edad detenidas en la discoteca New’s Divine, y el agente del Ministerio Publico Alejandro Sánchez Duarte, fueron sentenciados a cuatro y tres años y medio de prisión, respectivamente, pero luego de pasar únicamente ocho meses en prisión, lograron conseguir un amparo que les otorgó la libertad, ya que no se les pudo acreditar responsabilidad alguna.

Asimismo, todos los elementos policiacos de la SSP-DF que participaron en el operativo fueron puestos en libertad, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que cometieron detenciones arbitrarias, abusos sexuales y demás y actuaron con brutalidad policiaca, aunado a ello se presentaron varias irregularidades en los procesos de dictaminación forense y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas, se retrasaron de procesos judiciales y se obstaculizó la labor de los medios de comunicación.

¿PROTECCIÓN?  El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le quitó el caso “por necesidades del servicio” al juez local Ángel Aarón Cámara Atristáin, quien durante los últimos años luchó por hacer justicia e impidió que se le diera carpetazo a la investigación.

Cabe recordar que el juez había solicitado que Francisco Chíguil renunciara su cargo como alcalde; incluso pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la procuradora Ernestina Godoy, solicitar al morenista separarse del cargo para ser enjuiciado.

La comisionada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, en conjunto con un grupo de víctimas del News Divine llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que las resoluciones que les han proporcionado, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han dotado de justicia a las familias de los afectados.

La recomendación emitida por la CDHDF en el 2008 se encuentra cumplida al 80 por ciento, ya que la reparación del daño, la creación del Instituto de la Juventud y las políticas públicas y protocolos ya existen, quedando pendiente la creación de un centro comunitario en el lugar de los hechos.

Sin embargo, Nashieli Ramírez dijo que a pesar de que ya se ha cumplido con estos puntos, aún no se han alcanzado la justicia y la verdad en torno al caso, porque los fallos en el orden jurisdiccional no han favorecido a las víctimas.

El dolor con el que las familias de los fallecidos han tenido que aprender a vivir, es resultado de la negligencia con la que se ha actuado; mientras tanto a más de una década del fatídico operativo, las carpetas de investigación, al igual que la herida que dejó el caso, siguen abiertas y lo peor de todo…los culpables libres.