El pasado viernes, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020. Los datos, que ya han sido ampliamente comentados, son: que el Ejecutivo envió un proyecto por 6,096 millones de pesos y la Cámara aprobó un presupuesto por poco más de 6,107 millones de pesos.

Asimismo, como parte de esos montos, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto operativo, es decir, sin contar las prerrogativas de los partidos políticos por 12,493.3 millones de pesos, pero la Cámara lo recortó por poco más de 1,071 millones (8.6% menor a lo solicitado). También se ha dicho ya que el monto que pidió el INE representa 21 centavos por cada 100 pesos que el Ejecutivo proyectó gastar en 2020. Hoy, el monto aprobado para el INE representa 18.7 centavos de cada 100 pesos que se gastarán.

Desde luego, es complicado defender esas cifras en un país en el que solo 4 de cada 100 personas trabajadoras, gana poco más de 15,400 pesos[1]. Ahí donde mil millones de pesos es muchísimo dinero, pero cien mil pesos, también lo es. Más difícil aún, cuando ese dinero será utilizado para el manejo de un organismo cuyo fin es garantizar el funcionamiento de la democracia en un país en el que, en buena parte, no se garantizan necesidades básicas como alimentación adecuada, servicios de salud y, por supuesto, seguridad. Son justamente estas condiciones, la pólvora en la que prende el argumento de que ese dinero es para mantener el privilegio de quienes trabajan en el servicio público. A pesar de lo complejo, es necesario explicar y defender el presupuesto del INE; no por los montos, no solo por el INE, sino por el contexto en el que hoy se ha colocado a las instituciones.

Las implicaciones del recorte presupuestal han sido ya señaladas por las autoridades del Instituto. Se suspenderá la renovación de los sistemas informáticos para el monitoreo de radio y televisión. También se suspenderá la inversión en infraestructura física de los módulos de atención ciudadana. Además, se deberán retrasar algunas actividades del proceso electoral 2020-2021, mandatadas por la ley, cuyo inicio está previsto para finales del próximo año, en el que, además de la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas, habrá comicios en las 32 entidades del país; entre ellas, 15 gubernaturas.

Por supuesto que, como en todo organismo del Estado, en el INE debe haber una permanente revisión de los procedimientos y de su estructura para garantizar el uso responsable de los recursos públicos. Debe darse una autoevaluación de cada una de las tareas que se realizan, en relación con el personal y la infraestructura utilizadas, para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Pero no es aplicable un recorte presupuestal que, sin observar la carga de atribuciones que reforma tras reforma electoral se ha depositado en el INE, se sustenta en el argumento de que las y los consejeros electorales ganan más que el Presidente.

Es cierto que, desde que se creó el INE, 2020 será el año con el menor número de elecciones en las que participará, únicamente en Coahuila e Hidalgo, pero a finales de ese año inicia la preparación de la primera elección nacional de 2021, en la que habrá, en todo el país, casi 3 mil 200 cargos a renovar. Esto implica adecuar todos los sistemas informáticos para garantizar el registro de candidaturas y la fiscalización de las precampañas y las campañas. Implica también preparar, junto con los Institutos Electorales de las entidades, los calendarios que guiarán las actividades, buscando los puntos de convergencia para que, justamente, se pueda optimizar el uso de los recursos con los que se cuenta. Pero, sobre todo, el INE debe proyectar y preparar, con todo lo que conlleva en relación con la capacitación de las personas que vigilan el ejercicio del sufragio, la instalación de las casillas que recibirán el voto de cada una y cada uno de los ciudadanos del país. Contrario a lo que se cree, un año no electoral, lo cual, de hecho, no ha ocurrido, no es un momento de impasse para el INE.

Con recorte o no, el INE garantizará el servicio público que le da a las y los mexicanos, dentro y fuera del país: identificarse, hacer uso de su derecho al voto y elegir a quienes gobiernan, en total libertad. El problema es que la modificación del presupuesto solicitado por el Instituto no es la única vulneración a su autonomía. Más preocupante es la iniciativa presentada por 126 legisladoras y legisladores de Morena, PT, Encuentro Social y del Partido Verde, para modificar la Constitución y someter la Presidencia del INE a los ánimos políticos de cada Legislatura. O, lo que es lo mismo, cambiar las reglas del juego, con un mandato en curso, para que la Presidencia del INE se renueve cada tres años, por designación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Habrá que decir que, de acuerdo con algunas declaraciones, el Grupo Parlamentario de Morena no avaló la propuesta.

El argumento principal de la iniciativa es que la conducción del INE no debe ser un “coto exclusivo de una persona durante nueve años”. Es ahí donde está el detalle. Las instituciones van más allá de las personas y, por supuesto, de las corrientes políticas. Las normas y las prácticas con las que nos organizamos como Estado, como sociedad, deben permanecer frente a los cambios de dirigencias, de mandatos. He ahí su razón y su fortaleza. El cambio de una institución debe estar protegida, debe ser complicada, debe darse, no por determinación de una mayoría, sino consciente de una pluralidad.

Hoy el INE, incluida la historia del IFE, es el referente de la democracia mexicana; es la ventana que permite asomarse a lo que era antes un sistema hegemónico que no se debe repetir. El INE es uno de los órganos autónomos que integran los pesos y contrapesos dentro de una compleja conformación del Estado mexicano. Es parte de esos órganos autónomos que recibieron la mayor parte del recorte presupuestal.

El problema no es que se les quite recursos a los órganos autónomos para aumentar el presupuesto de programas sociales. Por supuesto que no lo es. Prioridad todo aquello que permita reducir las desigualdades y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. El problema es que se construya un discurso de desconfianza respecto al servicio público, resaltando que, por ello, se entregarán los recursos federales directamente a las personas beneficiadas y - se hace énfasis-  sin intermediarios.

El problema no es el presupuesto del INE, es buscar cómo restarle autonomía. El problema no es que se cambie el periodo del encargo de una funcionaria o de un funcionario público, sino que se pretenda hacer cuando se está cumpliendo con el nombramiento por el que fue designado. Tampoco es problema que una persona critique a una institución porque no coincide con su diagnóstico, el problema es que se haga como Embajador, cuando representa al Estado mexicano.

El problema, de hecho, no es solo el INE, sino que se señale qué instituciones sí y cuáles no. No es que se cancele un aeropuerto, sino que no se decida a través de las reglas que están establecidas para ello. No es que no se puedan hacer reducciones a los salarios de la burocracia, sino que se quieran aplicar, como no se puede hacer en el caso de cualquier ley, de manera retroactiva. No es que se amplíe el mandato de una gubernatura, sino que se haga cuando la persona que gobernará, ya fue electa. No es que se nombre a una persona al frente de un organismo, sino que no se respeten los requisitos y el procedimiento de designación para que sea una persona en particular. No es que se encarcele o se deje en libertad a una persona, sino que no se haga siguiendo el debido proceso. No es que haya un proyecto de nación, sino que a una víctima se le juzgue en la Corte de las redes sociales por traición a la patria en lugar de exigir justicia.

El problema no es transformar al país, sino que se busque hacerlo por decreto o, incluso, por buenas voluntades, sin que se tenga como marco de referencia, el estado de derecho.

[1] Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi para el primer trimestre de 2019.