Los testigos sociales son auxiliares de las autoridades responsables de las contrataciones públicas que tienen como propósito contribuir a la transparencia y rendición de cuentas y participan con voz en todas las etapas de procedimiento de licitaciones públicas, que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, son un contralor normativo externo que reporta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sus recomendaciones son publicadas en CompraNet y se incluyen en los respectivos expedientes. En la actualidad sólo intervienen en contrataciones cuyo monto supere los cinco millones de días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

¿En qué parte de la maquinaria de la gestión pública se ubican los testigos sociales? ¿Forman parte de la administración pública? ¿Cómo se relacionan con ésta? ¿Qué instituciones jurídicas comparten su naturaleza? Veamos.

La administración pública del Poder Ejecutivo cambia la realidad de la sociedad con su acción. Ésta puede ser directa, a través de sus dependencias y entidades, o indirecta mediante las concesiones de servicios públicos, bienes del dominio público u obra pública y la figura del auxiliar de la autoridad.

La administración directa, que es centralizada y paraestatal, está regulada en la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 90 constitucional y es la que está subordinada con diversos grados de autonomía al Presidente. El mismo esquema organizacional se reproduce en los estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías. Tradicionalmente, son los entes públicos los que ejercen la autoridad y desarrollan las atribuciones gubernativas y administrativas del Estado que la Constitución otorga.

La administración indirecta es la que se conoce como la descentralización por colaboración (Gabino Fraga) y se ha expandido en los últimos treinta y seis años ante el fracaso estruendoso del modelo populista centralizador estatista de los años setenta (Echeverría y López Portillo) que condujo al país a la peor crisis política, económica y moral, que hemos superado con mucho sacrificio y disciplina de las finanzas públicas.

Este tipo de administración pública gestionada por particulares ha permitido el crecimiento de la infraestructura de comunicaciones y la ampliación de la interconectividad, que son los aspectos más evidentes de la expansión de los beneficios de los servicios públicos a la población. Los auxiliares de la administración más conocidos por la ciudadanía son los notarios y corredores públicos, los agentes aduanales, los contadores dictaminadores autorizados conforme a los códigos fiscales o financieros y los directores responsables de obras.

El modelo descentralizado de la gestión pública con la cooperación de los particulares se funda en dos pilares básicos: la participación ciudadana y la transparencia. En este contexto, se explica la creación de los testigos sociales como auxiliares de la administración pública en los procesos licitatorios en el 2009 como parte de la reforma a las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma.

Esta figura fue propuesta  por el Partido de la Revolución Democrática, antes de la escisión morenista, como una demanda de la izquierda mexicana, para que hubiera un experto ciudadano vigilante en todas las licitaciones públicas, sin embargo, la necesidad de regular y “madurar” a este tipo de auxiliares en el ambiente administrativo mexicano originó que se estableciera en el decreto de modificaciones a las leyes referidas un plazo de diez años para que en todas las licitaciones públicas participara un testigo social.

Este plazo se cumple el 27 de mayo próximo y hay varias interrogantes: ¿la administración pública está preparada para cumplir con esta disposición? ¿la SFP ya lo tiene previsto? ¿El nuevo gobierno considera conveniente la permanencia de esta figura? En las declaraciones en las mañaneras del Presidente se ha descalificado a los testigos sociales y eso hace pensar que no hay interés en impulsarlas. Es posible que se desaparezcan de las legislaciones de contratación pública.

Actualmente, existe  un Comité de Testigos Sociales en la Secretaría de la Función Pública, una asociación gremial, Testimonioteca, ONG, contraloría ciudadana para la rendición de cuentas, A.C. y en 2018 la SFP elaboró un estudio la Evolución y Retos de la figura del testigo social donde se reconoce el reto de extender la intervención de esta institución.

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, por lo tanto, no hay deuda que no se pague, reza el dicho popular, para que los representantes de la sociedad civil, los testigos sociales como auxiliares de la administración pública, participen en todas las licitaciones públicas para ­coadyuvar en la conducción de los procesos de contratación y sean una garantía del respeto a los principios de legalidad, igualdad, publicidad y transparencia y libre concurrencia. El cumplimiento de esta deuda con la sociedad debe ser uno de los ejes del combate a la corrupción que es un compromiso del gobierno de la 4T.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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