El gobierno actual decidió que el Seguro Popular funciona mal y que por eso hay que desaparecerlo. Sin embargo, más de 53 millones de mexicanos tienen otros datos.

Cuando el presidente López Obrador, en otra de las simplificaciones con las que suele eludir el diagnóstico y la explicación de los problemas dice que “ni es seguro, ni es popular”, desconoce el funcionamiento de una institución noble y, sobre todo, útil.

La afiliación al Seguro Popular, SP, es voluntaria. Los mexicanos que viven en los hogares de ingresos más bajos (menos de 8,900 pesos al mes por familia) no pagan cuota. El resto, de acuerdo con su nivel de ingresos, entrega cada año una aportación familiar. El Estado contribuye con la mayor parte de los recursos para el SP. Con ese esquema, en 2018 había 53 millones 530 mil 359 personas afiliadas. Se trata de mexicanos que no tienen la protección del IMSS, ni del ISSSTE.

Si el Seguro Popular no funcionara, esos más de 53 millones, que constituyen el 43% de los mexicanos, no se habría interesado en formar parte de ese mecanismo de atención a la salud. Cuando el presidente lo descalifica con un cliché tan elemental incurre en dos imposturas. Desde luego es un seguro porque ofrece a sus afiliados atención médica, incluso para situaciones de emergencia e intervenciones quirúrgicas cuyo costo las haría inaccesibles. Y por supuesto es popular.

El SP no es perfecto. Las enormes dimensiones de la operación financiera y logística que requiere tienen huecos y descuidos. Hay problemas en la coordinación de autoridades federales y gobiernos de los estados. Los hospitales de la Secretaría de Salud y del IMSS, que son la columna vertebral de la atención por parte del SP, sufren carencias enormes. Pero en vez de cancelar un programa que funciona y ofrece resultados, habría que reforzarlo.

Sin embargo el gobierno actual, empeñado en desacreditar y abolir las acciones de los gobiernos anteriores, ha declarado la extinción del Seguro Popular. Al tomar esa decisión sin una evaluación seria, sin atender a la opinión de médicos y trabajadores de la salud y sin respetar derechos de más de 53 millones de personas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de cometer otro de­satino de enormes dimensiones.

El presidente olvida que el Seguro Popular no es un logro específico de un sexenio, ni de ninguno de sus predecesores, sino de la sociedad mexicana. La intención de arrasar con todo lo que hicieron los presidentes anteriores desconoce que hay instituciones del Estado mexicano que funcionan razonablemente bien y que existen para garantizar derechos de las personas.

Seis exsecretarios de Salud, muy preocupados por la iniciativa que el presidente promueve a través de Morena para acabar con el Seguro Popular, publicaron una carta dirigida a López Obrador y al Congreso. “Ese error anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo”, advierten. En los últimos seis años el SP “ha atendido 308 mil casos de enfermedades muy severas; esto representa 308 mil familias —de entre las más pobres de México— que no perdieron su patrimonio ni se arruinaron, precisamente porque existe el Seguro Popular y su instrumento financiero para atender las enfermedades de alto costo y complejidad: el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Éste es el sentido profundo del Seguro Popular: evitar el empobrecimiento de las familias ante la eventualidad de una enfermedad muy grave, como el cáncer o el VIH/sida”.

Los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, así como el maestro Salomón Chertorivski —promotor del documento—, todos ellos exsecretarios de Salud, les solicitaron al presidente y al Congreso que tomen en cuenta las opiniones y la experiencia de especialistas y profesionales de la salud.

El presidente respondió que quienes defienden al SP lo hacen “por falta de información… si era lo más ineficiente que ha existido”. López Obrador quiere reemplazar al SP con un “Instituto de la Salud para el Bienestar”. Pero sin el esquema financiero y los compromisos básicos que el Seguro Popular ha tenido hasta ahora con sus derechohabientes, no hay garantías para que esa atención médica se mantenga. Está en riesgo la atención médica, especialmente en intervenciones y tratamientos costosos, para 53 millones y medio de mexicanos.

También comentó la carta de los exsecretarios el Dr. Juan Ramón de la Fuente que, como ellos, fue titular de la Secretaría de Salud. Como el diario Reforma se preguntó por qué el ahora embajador en la ONU no compartió la posición de sus colegas, de la Fuente respondió con un texto insidioso: “A diferencia de los exsecretarios que sí firmaron, yo nunca milité, ni milito, en un partido político. Casi todos ellos sí han militado o militan, están en la oposición y ejercen sus derechos”. Con esas líneas, de la Fuente se suma a la descalificación inopinada del conocimiento especializado que con tanta ligereza ha desplegado el gobierno. Sugerir que las apreciaciones de los exsecretarios acerca del SP se deben a sus simpatías políticas y no a que son expertos en temas de salud pública, es una manera bastante ordinaria de eludir la discusión. De la Fuente, por otra parte, tiene una trayectoria política en donde ha asumido compromisos con tanta o más disciplina (por lo visto, ahora, incluso más allá de razones y hechos) que la que exige la militancia partidaria.

Creado en 2004, el SP no ampara la atención de todos los padecimientos. Ésa es una limitación que sólo se podría enfrentar con más recursos. Hasta ahora, ese mecanismo se encarga de todas las intervenciones que hacen falta en el primer nivel de cuidados médicos y de 65 intervenciones de alto costo.

Entre las enfermedades graves y onerosas cuya atención cubre el SP se encuentran malformaciones congénitas en menores de 18 años, cáncer, así como hepatitis C e infarto agudo al miocardio en menores de 65. El año pasado, 94 mil 400 pacientes recibieron tratamiento antirretroviral y pruebas de laboratorio para VIH/sida. El Seguro Popular entrega 633 medicamentos y 37 “insumos” (entre ellos marcapasos, lentes intraoculares y prótesis de cadera y rodilla).

En su cuadro de coberturas el SP incluye las principales vacunas y exámenes de detección de numerosos padecimientos. No es verdad, como dicen algunos funcionarios del gobierno actual, que el SP no desempeñe tareas de prevención.

En sus más de tres lustros, el SP ha sido evaluado por diversos grupos de expertos mexicanos e internacionales. Varios de ellos han encontrado retrasos en las transferencias de fondos, insuficiente compromiso de estados que no cumplen con el respaldo financiero al que se comprometieron y empleos de recursos no autorizados, entre otros. No obstante, el SP tiene resultados dignos de aplauso y respaldo.

El Seguro Popular beneficia especialmente a las mujeres. De los 53 millones y medio afiliados, 29 millones son mujeres. La adhesión al SP se hace a través de pólizas familiares. En 2018 había 23.9 millones de afiliaciones de esa índole. Los titulares del 72% de esas pólizas familiares (17.16 millones) son mujeres.

El año pasado, además, de un total de 63.3 millones de consultas médicas, el 68% fueron recibidas por mujeres. Por otra parte, 1.4 millones de personas recibieron servicios de urgencias hospitalarias.

En 2018, bajo el amparo del SP, hubo un millón 735 mil egresos hospitalarios. El motivo más frecuente fueron los partos espontáneos, con el 30.4% de esos casos. Un 23.4% adicional se originó en “otras causas maternas” y el 5.6% de los egresos hospitalarios fue a causa de abortos. Esos tres rubros suman casi el 60% Es claro que son mujeres a quienes más beneficia el Seguro Popular. De esos servicios de atención obstétrica, el 56% fueron solicitados por mujeres de entre 15 y 24 años.

Estos datos se encuentran en el “Informe de Resultados enero - diciembre 2018” del Sistema de Protección Social en Salud que tiene a su cargo al Seguro Popular.

De los ya mencionados 53.5 millones de afilados el 56% —casi 30 millones— se encuentra en el decil de ingresos más pobre. Se trata de mexicanos que, en 2018, tuvieron un ingreso familiar de cuando mucho tres mil pesos mensuales. Otros 18.7 millones, con ingresos familiares de cuando mucho 5 mil 300 pesos, constituyen el 35% de los afiliados al SP.

De los 53 y medio millones que han buscado y reciben protección médica del Seguro Popular, 13 millones son indígenas.

Decir que esa institución no es popular constituye un agravio a esos mexicanos.

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