Opinión


¿No que no? La denuncia anónima y la ciudadana

¿No que no? La denuncia anónima y la ciudadana | La Crónica de Hoy

La Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos de control en las entidades y dependencias o las unidades de responsabilidad en las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, es responsable de ejercer la facultad de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Desde 2016 se implantó el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec, antes Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas) en el que se registra el inicio, el procedimiento y resultado de los hechos que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas, no graves o graves, o hechos de ­corrupción. Los procesos de investigación correspondientes se pueden comenzar de oficio o a petición de parte anónima o ciudadana.

En los lineamientos para los titulares de los órganos internos de control, de las unidades de responsabilidad y, en su caso, de las áreas de quejas —que son los responsables de llevar a cabo las investigaciones correspondientes— se dispone que éstos deben iniciar un procedimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos cuando tengan conocimiento de alguna irregularidad por cualquier medio, registrarlo en el Sidec e informar a la Secretaría de la Función Pública a través de la coordinación general correspondiente.

Semanalmente, los mencionados titulares deben informar los asuntos relevantes que se hayan registrado en el Sidec y, evidentemente, uno de los criterios para que se alerte a la Secretaría es que en el hecho, motivo de la denuncia o queja, esté involucrado un mando superior.

Estos procedimientos permiten la coordinación de acciones de las áreas centrales con las desconcentradas de la Función Pública y mantienen informada con oportunidad a su titular. Hay que señalar que no relevan de responsabilidad de las áreas competentes, pero si provocan que ésta se comparta.

Por lo expuesto, llama la atención que ante la divulgación de la información de que era posible que el Director General de la CFE, Manuel Bartlett, haya omitido incluir los bienes de su esposa o concubina en la declaración patrimonial inicial, la Dra. Irma Eréndira Sandoval haya saltado rápidamente en su defensa aclarando que el servidor público señalado en el reportaje había adquirido el patrimonio descubierto con anterioridad al ingreso al cargo.

Conforme a la normatividad, la unidad de responsabilidades de la CFE debió haber iniciado de oficio la investigación correspondiente. Esto no prejuzga sobre la existencia de la falta administrativa. Hay una denuncia ciudadana en medios de comunicación y esto es suficiente para que la autoridad actúe en beneficio de la transparencia e incluso en defensa de los derechos del servidor público que tiene derecho a que los dichos sobre su persona sean investigados y, en su caso, aclarados con respeto a su derecho de audiencia.

La actitud solícita de la Secretaria de la Función Pública fue ilegal e inconveniente para un gobierno federal cuya bandera legitimadora es el combate a la corrupción. La Dra. Sandoval se arriesgó a que la tacharan de ser tapadera del equipo del presidente e incluso a afectar su imagen. Tal vez esta reacción, inconsistente con su discurso de combate a la corrupción estructural y en favor de los alertadores internos y externos, sea producto de que haya una actitud defensiva ante la crítica de los opositores, que califican de conservadores.

Sin embargo, el andamiaje legal y administrativo que se ha construido en los últimos años —antes de la llegada de la 4T— funcionó y ante la advertencia de la Senadora Gálvez de que iba a presentar una denuncia ciudadana sobre el particular —sin acusar a Bartlett, sólo para solicitar que se cumpliera con la obligación de investigar— súbitamente apareció un alertador —antes llamada denuncia anónima— y la Secretaría inició el procedimiento correspondiente.

¿No que no? Esto pasa por andar inventando el hilo negro y descubriendo el agua tibia en lugar de trabajar en la prevención de la corrupción. La denuncia anónima ya existe desde hace años. En todas las oficinas públicas hay cartelones invitando desde hace mucho tiempo a denunciar sin que haya represalias por hacerlo. La denuncia se recibe por cualquier medio sin importar que sea anónima y si el denunciante se identifica y solicita que su nombre se reserve, la autoridad investigadora la registra como si fuera anónima.

Además, por método, desde hace años, todas las notas periodísticas deben ser revisadas y, en su caso, investigadas. Ésa es una de las atribuciones más importantes de los órganos internos de control y unidades de responsabilidades subordinadas a la Secretaría de la Función Pública. Claro, los nuevos funcionarios alegan que ellos son distintos y sí combaten la corrupción, aunque con los hechos se contradigan y se conviertan en cómplices de un denunciado.

Manuel Bartlett debe ser citado en un procedimiento formal y con base en pruebas tendrá derecho a demostrar que la acusación es falsa o será responsable por haber omitido cumplir con sus obligaciones y, en su caso, separado del cargo e inhabilitado. Lo cuestionable es que sea exonerado en los medios de comunicación por la Función Pública sin que haya sido investigado. Esto simplemente no ayuda al Presidente y su política de cero tolerancia a la corrupción.

 

 

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