Hace unos días, el senador, Ricardo Monreal Ávila, presentó en la Cámara alta una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de “terminar con el nepotismo dentro de los órganos que lo conforman”.

El proyecto, publicado el jueves once de octubre en la gaceta parlamentaria, contempla sancionar a quienes, “utilizando su cargo dentro del Poder Judicial, gestionen nombramientos, promociones y ratificaciones que conlleven un interés personal, familiar o de negocios”.

Dicho de otra forma, de aprobarse la iniciativa se sancionará a los jueces, magistrados o funcionarios del Poder Judicial que establezcan relaciones profesionales, laborales o de negocios con parientes consanguíneos, por afinidad hasta el cuarto grado y será aplicable también a los socios o empresas de las que los servidores públicos formen o hayan formado parte.

Si analizamos la esencia del proyecto de Monreal, veremos que no sólo es posible su iniciativa sino que completamente necesaria, toda vez que se trata de abonar a un mejor desempeño de uno de los tres poderes de la unión que, a decir de la comunidad internacional, ha quedado mucho a deber.

Lo anterior no es para menos, pues se estima que nuestro Poder Judicial de la Federación es uno de los más “atrasados y caros de América Latina”, de acuerdo a un estudio realizado hace un par de años en donde se advertía que, de continuar con ese ritmo de poca productividad, para el 2018 los expedientes a resolver se incrementarían a un millón 584 mil 598, que estarán en la mesa esperando una adecuada salida en favor de la justicia en México.

Por si fuera poco, en nuestro país, jueces, ministros y magistrados son de los mejor remunerados en toda América Latina, pues gozan de ingresos que están al nivel de los países del primer mundo, según diagnóstico realizado por el magistrado de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Armando Maitret Hernández.

Además, en el mismo estudio, Maitret Hernández hace un comparativo con otros países y encontró una amplia diferencia salarial entre impartidores de justicia de América Latina al informarnos que el salario del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene oficialmente, una percepción mensual promedio a los 317 mil 547 pesos y de existir ingresos extraoficiales como bonos u otras percepciones presuntamente ascendería a 600 mil pesos, que en comparación con sus equivalentes de los países de la región es casi el doble, puesto que “los más acercados son los presidentes de las Cortes Supremas de Chile y Brasil, que obtienen ingresos mensuales equivalentes a 194 mil 170, y 171 mil 750 pesos mexicanos respectivamente”.

En contraste, los titulares de las Cortes Supremas de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y el Salvador, no ganan más de 90 mil pesos mexicanos.…

Visto de otra forma, el titular de la SCJN tiene un ingreso promedio de 10 mil 584 pesos diarios mientras que un mexicano que gana un salario mínimo sólo obtiene 80 pesos al día.

Por ello, celebro la iniciativa de Ricardo Monreal, pues es el primer lamparazo a la enorme opacidad con la que históricamente se ha conducido el Poder Judicial Federal, lo que representa un gran paso hacia una mejor justicia pues le quita lo intocable a este poder tal y como muchos lo consideran, por lo que no estaría nada mal que se trabajara otro proyecto de iniciativa que garantice una verdadera separación de poderes y otorgue mayor autonomía a los mismos para terminar, por fin, con las sentencias de consigna.

* Alcalde de la Venustiano Carranza

Twitter: @julioc_moreno