Sin duda el Nuevo Sistema Penal Acusatorio no ha cumplido con su objetivo de garantizar una mejor justicia a la ciudadanía, sino todo lo contrario, con el anuncio de la liberación de más de cuatro mil reos, tan sólo en la ciudad; los capitalinos han expresado su inconformidad por el riesgo que eso representa.

Al estudiar el tema, me doy cuenta que uno de los principales problemas que enfrenta el presente sistema penal, es la carencia de un registro nacional traducido en una base de datos de todos los delincuentes del país, ya que por esa falta, un individuo que ha cometido un delito en algún otro estado puede emigrar a una entidad diferente y seguir delinquiendo con plena impunidad.

Ante ello, es urgente acatar la ley y crear la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, plataforma esencial que, dentro de sus funciones, deberá analizar el perfil de cada uno de los detenidos; herramienta que servirá para que todo juez se base en ella antes de dejarlos en libertad.

De implementarse esta base de datos, la unidad de seguimiento sería la responsable de llevar un riguroso registro de cada uno de los delincuentes en el país, para que así puedan ser castigados en cualquier estado en el que hayan infringido la ley, pues con ello los antecedentes serían a nivel nacional.

De lo contrario, el Nuevo Sistema de Justicia Penal continuará siendo la llave de la llamada “puerta giratoria”, misma que da entrada a personas que han transgredido la ley y que en poco tiempo salen de prisión sin que se analice a fondo el motivo por el que se les está otorgando su libertad, por ello se les hace fácil volver a delinquir.

Asimismo, otro de los rezagos que enfrenta México es la falta de capacitación constante de los operadores del sistema penal, y me refiero a los ministerios públicos, para que en Audiencia pública y Oral ante un juez de control, sustente con dato de prueba una petición de prisión justificada o bien, cuando no proceda la prisión preventiva oficiosa.

Para todo ello es necesario que la Comisión Permanente en el Senado de la República deje ya a un lado sus preocupaciones electorales rumbo al 2018 e impulse una urgente reforma al Artículo 16 de la Constitución, para el fortalecimiento de medidas cautelares; así como al 19 constitucional y leyes secundarias para ampliar el catálogo de delitos graves, pues resulta incoherente que el robo, lesiones, narcomenudeo, el abuso sexual, la portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército o la privación de la libertad con fines sexuales, entre otros, hayan dejado de ser delitos graves, pues se trata de infracciones que han ido en aumento en toda la república, situación que tal parece, no le preocupa al Congreso de la Unión y que día a día laceran a la sociedad mexicana.

Y de Pilón:

Si usted se pregunta por qué sonríe Javier Duarte de Ochoa cuando enfrenta una serie de acusaciones, la respuesta es porque el exgobernador de Veracruz confía tanto en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que le permitirá enfrentar su proceso en plena impunidad, perdón, en plena libertad, toda vez que de los ocho delitos de los que se le acusa, sólo uno es considerado grave, y en los otros siete, la pena, en el peor de los casos, no supera los cinco años de prisión, por lo que pueden ser sustituidos por sólo una fianza o alguna medida cautelar a criterio del juez. Con ello, ahí nos respondemos el porqué de la sonrisa de Duarte, pues si tomamos como referencia otros casos similares, veo muy difícil que la PGR pueda probar que el exmandatario es culpable por el delito de delincuencia organizada y otros aún más graves, aunque haya dejado en quiebra a todo el estado de Veracruz.

@julioc_moreno