Llama la atención que luego de los presuntos sobornos que recibió el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht en la campaña electoral de 2012, algunos organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hayan “pactado blindar el proceso electoral del 2018 ante desvíos de recursos y posible financiamiento ilícito a candidatos”.

Lo anterior, lejos de brindar tranquilidad a los electores y a la opinión pública en general, despierta más sospechas pues como estamos viendo el próximo año las elecciones serán una de las más reñidas en la historia de México.

Por ello, resulta preocupante que ante la gravedad de dichos señalamientos, las autoridades mexicanas hasta el momento no hayan hecho alguna declaración al respecto y peor aún, la encargada de iniciar una investigación que es la Procuraduría General de la República (PGR) sólo se haya limitado a decir, y por presiones del Senado de la República para que cite a declarar a Lozoya Austin, que “Brasil no ha dado información sobre el tema Odebrecht”, lo que deja abierta la posibilidad de otro caso más de impunidad.

Si bien el caso del llamado “gigante de la construcción” es todo un escándalo a nivel mundial, lamento decirles que en México esto no resulta novedoso por los múltiples casos que se han dado sin que haya habido consecuencias, es más, nuestro país tiene sus propios Odebrecht como Grupo Higa, OHL y Grupo Danhos por ejemplo, empresas que han sido objeto de sospecha por la forma de ganar licitaciones en los tres niveles de gobierno sin que haya pasado absolutamente nada.

Basta recordar casos como el Pemexgate, la Estela de Luz, los Amigos de Fox, las tarjetas Monex y los segundos pisos de López Obrador, entre muchos otros que abonaron a la desconfianza institucional y descredito hacia los gobernantes por no haber en ninguno de estos casos consecuencias políticas o penales, sino todo lo contrario pues en todos, imperó la impunidad.

Y no seamos ingenuos, pues mientras en los hechos no exista una separación de poderes la justicia nunca llegará en casos como los arriba descritos y eso explica el por qué Bernardo Bátiz, entonces procurador de justicia del Distrito Federal, no investigó a López obrador por el caso de la construcción de los segundos pisos cuya empresa encargada de esta obra, fue Grupo Danhos, compañía señalada por investigaciones periodísticas, por la opacidad en ganar licitaciones y por la presunción de financiar la campaña de Andrés Manuel, sencillo, no hizo nada porque era su jefe inmediato, mismo quien podía delinquir sin que nadie lo tocara ni con el pétalo de un citatorio.

Y así nos podemos ir con cada uno de los escándalos arriba descritos, que por cierto no son los únicos pues con el tema de los Papeles de Panamá, los propietarios de cuentas bancarias logradas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tampoco fueron investigados.

Todo ello, ha sometido a la sociedad a constantes descubrimientos de casos de corrupción que se van olvidando con el tiempo y con la deliberada pasividad de las instancias responsables de procurar justicia otorgando impunidad a todo aquel que desvía recursos del erario.

Si a esto le sumamos que el Senado de la República no ha nombrado al fiscal anticorrupción y a los 18 magistrados faltantes del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, piezas torales del Sistema Nacional Anticorrupción, pues entonces hay que ir dando por hecho que la pequeña posibilidad de castigar a los señalados, se esfumará con otro escándalo más o bien, con el mago del olvido que es el tiempo.

Y de pilón

Como era de esperarse, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no hubo vicios legislativos en el proceso de la Asamblea Constituyente en el proceso de elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México, lo que es sin duda, una buena señal para la democracia de nuestro país ya que también, el máximo tribunal avala la composición del congreso local tal y como lo dispuso la constituyente así como el reconocimiento de las consultas a pueblos y barrios y a personas con capacidades diferentes. A esto, se suma la declaración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que en voz de su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, dijo que “la Constitución capitalina es uno de los primeros esfuerzos en el mundo que visualiza, en lo local, un nuevo estilo de desarrollo sostenible, con igualdad y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Twitter: @julioc_moreno