Mañana miércoles 7 de noviembre, México será evaluado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) en materia de derechos humanos. Esta evaluación, lejos de ser otro golpe mediático internacional para el gobierno mexicano, tal y como muchos analistas de la información lo han pronosticado, puede ser quizá, la última oportunidad de limpiar la imagen del país en la materia.

Dicho de otro modo, este miércoles los reflectores de la comunidad internacional, estarán apuntando a nuestro país por diversos casos de inseguridad y violación a los derechos humanos que han dado la vuelta al mundo y se abordarán en la ONU como el de los 43 de Ayotzinapa o los casi dos mil casos de agresiones a la prensa de los cuales, 41 son asesinatos a periodistas durante este sexenio calificado como “el más violento para la prensa”.

Como antecedente, México ya ha reprobado este examen cuyo ejercicio se realiza cada cuatro años y que permite a los países miembros de la ONU demostrar la eficacia de programas y acciones en torno a la seguridad y protección de los derechos humanos obligados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en tratados internacionales.

De acuerdo con publicaciones, la impunidad y la corrupción perjudicaron a México en su evaluación anterior toda vez que se detectó que éstos factores fueron determinantes en las constantes violaciones a las garantías individuales y en la revictimización de las personas a la hora de denunciar algún delito por lo que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) nuestro país lidera el ranking de la corrupción entre países que integran este organismo internacional, la cual también asegura que contamos con el índice de impunidad más alto en América y el cuarto a nivel mundial y de nueva cuenta en ese contexto el Estado mexicano será evaluado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y lo peor, es que no se ha dado muestra de que puedan mejorar las cosas a corto plazo.

Por ello, el pasado 31 de octubre, cuando acudí a la primera Reunión de Trabajo con Presidentes Municipales del PRD en la Cámara de Diputados, no dudé en hacer un exhorto a los legisladores federales que ahí se dieron cita tanto del partido como el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Ricardo Gallardo Cardona así como el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que puedan presentar una iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se amplié el catálogo de delitos graves con cinco más ya que es inaudito que la mayoría de los delincuentes puedan salir bajo fianza a los pocos días de haber cometido algún delito contra personas que incluso, verán durante el proceso en curso, situación que desalienta la presentación de las víctimas a ratificar su denuncia e incrementa la pésima percepción que tiene la opinión pública de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia en el país, quienes se ahorran trabajo burocrático pues les resulta más fácil dar carpetazos.

De ahí que esta propuesta de reforma a la Carta Magna sea urgente ya que, de cristalizarse, terminaría con el retroceso en que hemos caído pues pareciera que regresaron los tiempos en los que prevalecían los altos índices delictivos que se daban en la época del “Negro” Durazo cuando la justicia de plano no existía en la capital del país por poner un ejemplo.

Por ello es lamentable que, en el Poder Legislativo federal están más preocupados por el robo de huachicol a tal grado de reformar, en tiempo récord, el Artículo 19 constitucional para elevarlo a delito grave, mientras que el resto de la población sufre a diario la inclemencia de los asaltos con arma prohibida, robo agravado con violencia o a casa habitación, extorción y que decir del narco menudeo o secuestro exprés, delitos que se comenten con mayor frecuencia y en su mayoría, quedan impunes o de plano, alcanzan fianza por lo que el delincuente seguirá beneficiándose de la llamada puerta giratoria.

En fin, sin duda un gran reto que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, principalmente para bajar los niveles de corrupción e impunidad no sólo para ocupar mejores lugares en el ranking de organismos internacionales, sino para proteger a la gente que, a falta de una respuesta urgente, está tomando la justicia por cuenta propia, como pasó en Puebla donde lincharon a presuntos delincuentes, al igual que en el Estado de México, Guerrero y Michoacán entre otros estados en donde los ciudadanos de a pie salen a trabajar y no tienen la certeza de regresar al hogar sin ser víctimas de estos delitos que prevalecen todos los días.

Twitter: @julioc_moreno