La nueva Ley General de Educación plantea que aquellos padres de familia o tutores que no velen por la educación de sus hijos podrán ser denunciados por maestros o directores escolares a fin de que se determinen

sanciones.

De acuerdo con el documento que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación, en el Artículo 129 se establece que es obligación de quienes ejercen la patria potestad o la tutela hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. Si bien esto no es una novedad, pues la ley vigente desde 1993 lo contemplaba, ahora se abre la posibilidad de sanciones a quien no cumpla.

Además, los tutores deben participar en el proceso educativo de los mismos al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

En el proyecto de ley también se indica que las madres, padres o tutores tienen que colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos, en las actividades que esas instituciones realicen en beneficio, siempre, de los estudiantes.

Se obliga a los padres de familia o tutores que deben informar a las autoridades educativas respecto a los cambios que se presenten en la conducta y actitud de alumnos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas.

Vigilancia al padre

Por ley, se indica que los padres de familia tienen que acudir a los llamados de las autoridades educativas relacionados con la revisión del progreso y desempeño de sus hijos, además de promover la participación en actividades físicas, de educación física y deportivas dentro y fuera de los planteles, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

La Ley General de Educación será llevada al pleno de la Cámara de Diputados el próximo 25 de julio para su discusión y aprobación, y en la cual también se obliga a los padres de familia a hacer del conocimiento de la autoridad educativa las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los alumnos.

Esta ley es una de las tres normas reglamentarias de la reforma educativa, aprobada en mayo pasado, y es firme en establecer que si los padres incumplen con alguna de estas disposiciones, las autoridades educativas “darán aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable”, de acuerdo con el Capítulo II De la participación de madres y padres de familia o tutores.

El proyecto de decreto de la Ley General de Educación  fue enviada el pasado 18 de julio por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el senador morenista Martí Batres Guadarrama.

De acuerdo con el legislador, la contrarreforma en el sector derivó de un Acuerdo Nacional Educativo, para lo que se realizaron diversas audiencias públicas en el denominado Parlamento Abierto, donde se recogieron las opiniones de expertos, maestros y académicos, padres de familia, organizaciones civeles, así como de legisladores de todas las entidades federativas.

De acuerdo con la diputada priista Cynthia López Castro, la Ley General de Educación no era un mandato constitucional, pero en pro de la educación se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La legisladora indicó que lo principal “es velar por el bien superior de la niñez. La ley vigente es muy buena, recoge inquietudes y preocupaciones de los expertos y de los organismos de la sociedad civil”.